Viviendas sociales y granjas son algunos de los problemas no resueltos en la nueva ley. Cesiones cuestionadas. La nueva ley exige que los planeamientos municipales reserven al menos un 20% del suelo urbanizable para viviendas sujetas a algún tipo de protección pública. Pequeños municipios, sin apenas demanda de este tipo de viviendas, se quejan de que encuentran serias dificultades a la hora de promover suelo urbanizable en este nuevo marco. Sin embargo, la reforma de la Xunta va en el sentido de potenciar los pisos de construcción pública, hasta el punto de que el Gobierno gallego dejará de ceder a los concellos el 10% del suelo que urbaniza para edificar más pisos protegidos. Construcciones de uso agrario. La nueva ley exigió 4.000 metros cuadrados para edificar en suelo agrícola, si bien para levantar galpones y cuadras planteó un mínimo de 5.000. Algunos alcaldes sugieren que esto debe regularse por zonas agrarias. Alegan que no es igual una zona agroganadera del norte, que una explotación de albariño en Meis. La Xunta ha prometido eliminar rigideces para implantar nuevas explotaciones. Zonas Urbanas. En la reunión de Pontevedra hubo menos quejas por las novedades urbanas de la ley, que impone a los promotores 18 metros para zonas verdes por cada 100 metros edificables. Las nuevas calles deberán tener 16 metros de ancho como mínimo y se permiten más alturas en ciudades de más de 50.000 habitantes. Altura limitada. En cuanto a núcleos rurales sí hubo quejas. La norma fija una altura tope de 7 metros (planta baja y un piso superior). Los tejados se imponen sin quiebros y con una inclinación inferior a 40 grados. Se exigen ventanas inclinadas en lugar de buhardillas y parcela mínima de 300 metros en núcleo consolidado y de 600 en área de expansión.