El naufragio, explosión e incendio del petrolero Urquiola a la entrada del puerto de A Coruña, el 12 de mayo de 1976, trajo una serie de consecuencias, destacando el largo pleito de sus indemnizaciones. En primer lugar, estaba la delimitación de responsabilidades, pues al principio se echaba toda la culpa al capitán del buque y, consiguientemente, a la casa armadora, pero después se determinó que el culpable y responsable era el Estado español, pues en las cartas náuticas en un lugar donde se señalaba que había una profundidad de 29 metros sólo había 11. Y justo en esa aguja rocosa fue donde tocó el petrolero. Otra maniobra que se realizó contra los perjudicados para el cobro de las indemnizaciones fue la declaración de ingresos a Hacienda que aquellos presentaban anualmente, cuando ya se sabía que siempre se declaraba a la baja. Del dinero que adelantó Presidencia del Gobierno, ya se vio que de lo que se decía que se había enviado a lo que llegaba había un buen trecho. Y el tiempo iba pasando y el dinero no llegaba, tanto que cuando se produjo el accidente del Mar Egeo, en diciembre de 1992, todavía seguía sin cobrarse.