El Concello estradense, demandado por autorizar una granja de cerdos

La Voz

DEZA

RAMÓN LEIRO

Los afectados alegan que habrá deterioro ambiental y contaminación de las aguas Los vecinos de varias parroquias limítrofes con el Alto da Rocha y con el municipio de Silleda presentaron el pasado martes el contencioso administrativo que habían anunciando, oponiéndose a la concesión de licencia, por parte del Concello estradense, para una explotación de ganado porcino en unos terrenos de la zona alta del monte. Los demandantes alegan que la granja incidirá negativamente en el medio ambiente y los vertidos de la misma contaminarán las aguas de manantiales que bajan hasta zonas pobladas.

21 sep 2000 . Actualizado a las 07:00 h.

REDACCIÓN A ESTRADA Los portavoces de los vecinos y colectivos de las parroquias de Orazo, Curantes, Agar, Olives y otras, que se oponen a la apertura de una explotación de ganado porcino en la zona alta del monte da Rocha, anunciaron ayer que «entramos ya en el proceso de contencioso administrativo que queríamos abrir contra la concesión de licencia municipal, y presentamos la correspondiente demanda en el tribunal de los contencioso». El recurso está suscrito por media docena de firmas, pero más de doscientos vecinos y colectivos de la zona apoyan la reivindicación. Los residentes en los lugares más próximos al lugar donde se ubicaría la granja de cerdos presentaron en su día diversas alegaciones contra el proyecto. Según los portavoces vecinales, no se resolvieron a favor de sus intereses y el Ayuntamiento concedió la licencia municipal. En las alegaciones iniciales, los vecinos señalaban que la granja produciría un deterioro medioambiental en la zona, y malos olores en varios kilómetros a la redonda. En cualquier caso, las reclamaciones se centraban en la contaminación que producirían los vertidos en los manantiales de la zona. El agua de los mismos baja por regatos hasta puntos en los que se utiliza para consumo humano. Los vecinos indicaron hace unos meses que estaban analizando el agua, para comparar esas pruebas con las que correspondan después a la contaminada, y solicitar así indemnizaciones. El gobierno local se mostró en principio partidario de apoyar a los vecinos, pero no pudo rechazar después la petición de licencia porque el proyecto contaba con el visto bueno y todas las autorización de otros organismos de la Xunta.