Unións Agrarias cree que se debería crear una comisión interprofesional que vigile el proceso La superficie de la Denominación de Orixe Rías Baixas podría duplicarse gracias al proceso de reconversión de viñedos. La posibilidad de que muchos viticultores del Ulla que tienen parcelas que en la actualidad no alcanzan los requisitos para ser amparados por Rías Baixas consigan el nivel de calidad exigido modificará el actual panorama vitícola. Por eso, Unión Agrarias apuesta por crear una entidad interprofesional que vigile el proceso para adaptar la producción a las necesidades del mercado.
14 sep 2000 . Actualizado a las 07:00 h.S. L. VILAGARCÍA/LALÍN La superficie actual de Rías Baixas es de algo más de dos mil hectáreas, pero tras el proceso de reconversión de viñedos para adaptarse a la OCM (Organización Común de Mercados) se podría llegar perfectamente a las cuatro mil. Ello se debe a que en la provincia de Pontevedra, la zona amparada supera las ocho mil hectáreas. Recientemente se incorporaron zonas del Ulla, entre ellas parcelas que se encuentran en A Estrada, Vila de Cruces y Silleda. Si muchos viticultores que en la actualidad no alcanzan los niveles de calidad exigidos para entrar en la denominación adaptan sus viñedos en los próximos seis años con las ayudas de la Unión Europea, el panorama vitícola puede sufrir una transformación radical y la superficie amparada podría llegar a duplicarse. Es por ello que desde Unión Agrarias se pide que se cree una comisión interprofesional de la que formen parte bodegueros, productores y administración que se encargue de regular el proceso. «Podería ocurrir que os viticultores que se sumen a Rías Baixas decidan prantar todos o mesmo tipo de variedades e que, por outra banda, haxa bodegueiros que precisen dun tipo de uva que non se está a cultivar de xeito que permita cubrir a demanda, explica Manuel Fontán, de Unión Agrarias. El sindicato valora positivamente el proceso de reconversión y las ayudas destinadas. Pese a ello, ve algunas lagunas en la orden de la Xunta que adapta a la comunidad la normativa europea. A pesar de que ya se había denunciado ante Agricultura que el proceso no tiene en cuenta las zonas afectadas por la concentración parcelaria, el documento publicado en el DOG sigue sin hacer referencia a este aspecto.