La valedora insta a la Marea a entrar en el programa de Vivendas Baleiras

La entidad cree que el plan de la Xunta ayudará a paliar el drama de los desahucios


a Coruña / la voz

La valedora do pobo ha remitido un escrito al Ayuntamiento de A Coruña en el que insta al gobierno local a sumarse al programa de Vivendas Baleiras de la Xunta. En el documento, la institución que dirige Milagros Otero Parga afirma que la existencia de viviendas desocupadas «non é compatible coas exixencias dun axeitado principio do uso racional do parque de vivendas», no contribuye a la «efectiva materialización do dereito á vivenda segundo o previsto na Constitución Española», y «non se axusta ás demandas actuais da sociedade».

Por todo ello, la valedora considera que la colaboración entre las distintas Administraciones es «irrenunciable» para solventar esa problemática, y en conclusión recomienda al Ayuntamiento que valore la conveniencia de sumarse al convenio firmado entre el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y la Federación Galega de Municipios e Provincias, que tiene el objetivo de que los inmuebles desocupados puedan ser destinados a colectivos desfavorecidos, víctimas de violencia de género, personas mayores o jóvenes sin recursos.

La valedora advierte que, de acuerdo a la normativa que regula la institución, si el Ayuntamiento no toma ninguna medida adecuada a lo sugerido sin una justificación adecuada, incluirá lo sucedido en su informe anual.

Un total de 40 ayuntamientos de toda Galicia se han sumado al programa de Vivendas Baleiras de la Xunta. Entre ellos figuran las ciudades de Ourense y Santiago, gobernadas por el PP y Compostela Aberta, una de las Mareas gallegas. También se ha adherido el Ayuntamiento de Sada, que cuenta con un gobierno del mismo color. Está previsto que pronto se sume el Concello de Ferrol, presidido en solitario por otra Marea, Ferrol en Común, que hace unos días aprobó en junta de gobierno adherirse al programa tras recibir un escrito de la valedora do pobo similar al que ha llegado al palacio de María Pita.

La principal oposición al plan ha partido de los alcaldes de las ciudades que no son del PP, incluyendo a los de las Mareas, aunque con las excepciones citadas. En el caso de A Coruña, el gobierno local se mostró hace meses contrario a la iniciativa, señalando que la gestión de los inmuebles perdería agilidad.

La apuesta del equipo de Ferreiro para abordar el problema de la vivienda en la ciudad pasa por adquirir parcelas y levantar nuevas edificios municipales, para lo que está previsto destinar 2,5 millones de euros en los presupuestos de este año. Tanto el PP como el PSOE se oponen a esa idea, y defienden alternativas como fomentar el alquiler o sumarse al plan de la Xunta.

Mientras, el programa de la Xunta ha empezado a dar sus primeros resultados. Fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda señalaron que ya se está tramitando la adjudicación de las primeras viviendas vinculadas al plan en los ayuntamientos de Ourense y Porto do Son, y está previsto que se concedan más durante las próximas semanas.

El pleno aprobó en mayo del 2016 sumarse al plan

El pleno municipal aprobó en la sesión ordinaria de mayo del 2016 una moción presentada por el grupo municipal del PP en la que instaba al gobierno local a sumarse al programa de Vivendas Baleiras. La propuesta salió adelante con los votos de los populares y del PSOE, mientras que la Marea Atlántica y el BNG se abstuvieron. Sin embargo, a pesar de ese resultado, por el momento no se han dado pasos para incorporarse al programa.

Dos desalojos diarios, la misma media que antes del año 2015

Stop Desafiuzamentos afirma que en el partido judicial de A Coruña hay una media de dos desahucios diarios. Fuentes judiciales también confirman esa cifra, que es similar a la registrada durante el mandato anterior, cuando se sucedían las protestas contra los desalojos. Esas movilizaciones se mantienen en la actualidad, aunque de forma menos intensa. Los desahucios fueron uno de los temas principales de la campaña electoral del 2015, y el actual gobierno insistió en que una de sus prioridades era convertir A Coruña en una ciudad «libre de desafiuzamentos» en los primeros cien días del mandato. Sin embargo, tanto la citada organización de apoyo a los afectados por los desahucios como los partidos de la oposición -PP, PSOE y BNG- han criticado la política del ejecutivo local en esa materia, señalando que los desalojos se siguen produciendo, sobre todo los relacionados con el impago de los alquileres.

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