El TSXG rechaza una reclamación de más de dos millones de euros contra Culleredo en el caso Jardincelas
CULLEREDO
El alto tribunal gallego confirma la legalidad de la actuación municipal y rechaza todas las pretensiones económicas de la empresa
27 dic 2025 . Actualizado a las 20:21 h.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado sentencia firme en el recurso de apelación interpuesto por Jardincelas S.L. contra el Concello de Culleredo, desestimando así «las pretensiones de la empresa y confirmando la actuación del gobierno municipal como ajustada a derecho», expresan fuentes municipales.
Esta resolución cierra «de manera definitiva», remarcan desde el consistorio, un procedimiento que, durante más de dos años, fue objeto de declaraciones públicas de carácter político y mediático por parte de la propia empresa y de la oposición, «que llegaron incluso a cuestionar la capacidad de gestión del alcalde y a responsabilizar al Concello de un conflicto que, en realidad, fue de naturaleza mercantil y contractual, no administrativa», se justifican desde el gobierno municipal de José Ramón Rioboo. La Sala impone además las costas procesales a la parte recurrente.
Los antecedentes del caso
En concreto, la empresa impugnaba la sentencia del Juzgado del Contencioso Administrativo número 3, del pasado 18 de febrero, que ya dio la razón al Concello en su totalidad. Reclamaba ser indemnizada en la cantidad de 2.008.510,62 euros, más IVA (303.428,27 euros), más los intereses devengados.
El TSXG confirma que no hay pruebas de un supuesto enriquecimiento de la Administración, «como alegaba Jardincelas», dicen desde el consistorio. La compañía presentó un informe pericial para justificar sus pretensiones económicas, pero el Tribunal señala que ese informe parte de una premisa errónea —que el contrato continuaba vigente— y no aportó prueba separada, detallada y documental de los costes reales incurridos ni de ningún enriquecimiento por parte del Concello.
«Tampouco poden apreciarse nin a vulneración do principio da boa fe contractual (non existe contrato) nin abuso do dereito, porque non quedou acreditado que as prestacións recibidas supuxesen un enriquecemento sen causa da administración, tendo en conta as cantidades aboadas», exponen desde el ejecutivo socialista de Rioboo respecto a la sentencia.
El Tribunal establece de forma que, durante el período reclamado por Jardincelas, no existía un contrato vigente con el Concello, por lo que no pueden activarse mecanismos como la revisión de precios ni reequilibrios económicos. La propia naturaleza jurídica del caso excluye de plano las solicitudes formuladas por la empresa en ese sentido.
«Frente a la pretensión empresarial, el TSXG reafirma la solidez técnica y jurídica de los informes municipales, que acreditan que los servicios efectivamente prestados (cuando los hubo) fueron inferiores a los inicialmente pactados y que los pagos efectuados cubrieron el coste real de las prestaciones», dicen en el Concello.
Se argumentó en la defensa de la empresa, expone el gobierno local, que los contratos de emergencia posteriores (tras la caducidad) tenían precios más altos, tratando de extrapolar eso como un indicio de perjuicio. «El Tribunal descalifica esa comparación por falta de homogeneidad entre servicios y períodos, criterio que es jurisprudencialmente consistente en materia contencioso-administrativa», dicen en Culleredo.
El PP de Culleredo, «en evidencia»
Durante el desarrollo del conflicto, la empresa y sectores de la oposición, particularmente el Partido Popular en Culleredo, realizaron declaraciones públicas que cuestionaban la gestión municipal, insinuando responsabilidades del alcalde por problemas de pago a trabajadores y supuestas deficiencias administrativas.
«El pasado abril, la portavoz popular cargó públicamente contra el alcalde, afirmando sin ningún pudor que el Concello era responsable de impagos a trabajadores y de la falta de licitación o renovación de contratos caducados», esgrime el gabinete de Rioboo.
Sin embargo, el gobierno local señala que la sentencia del TSXG «desmonta de forma definitiva ese relato interesado dejando en evidencia al PP de Culleredo». Los problemas de pago de salarios que pudieron haberse producido se debieron a obligaciones mercantiles propias de la empresa y de sus relaciones con los trabajadores, no a una mala fe o gestión ineficiente del Concello.
«Cuando el juzgado laboral declaró la responsabilidad subsidiaria o solidaria del Concello en materia salarial en determinados aspectos, el gobierno municipal acató la resolución, subrayando en todo momento su respeto por los derechos laborales y su disposición a que se garantizasen los derechos de los trabajadores afectados. Pero esa situación no convierte al Ayuntamiento en responsable de las consecuencias económicas o de gestión de una empresa mercantil que, en todo caso, tenía la obligación de gestionar sus recursos y relaciones laborales con solvencia», detallan fuentes municipales.
La sentencia del TSXG sobre la reclamación económica, valoran, «ratifica que no hubo causa legal para cargar al Concello con compensaciones adicionales». El Concello de Culleredo valora esta sentencia como un espaldarazo a su gestión. «No solo se demuestra que la Administración actuó conforme a la legalidad vigente, sino que las críticas electoralistas vertidas por el PP de Culleredo quedan hoy formalmente desacreditadas por el máximo tribunal en esta materia», indican fuentes municipales.
Mientras, desde el PP sostienen que la sentencia del TSXG que rechaza la reclamación millonaria de Jardincelas contra el Concello «no avala la gestión del alcalde, José Ramón Rioboo, sino que confirma una situación alarmante». «Durante años se funcionó sin contratos en vigor y sin planificación, provocando el colapso de servicios básicos y una cadena de contratos de emergencia por no licitar a tiempo un contrato caducado desde el 2012, con situaciones de crisis como la limpieza de edificios en emergencia —colegios y pabellones con instalaciones y baños sin limpiar—, la jardinería en emergencia —paseo marítimo y zonas verdes abandonadas y con la hierba sin cortar durante un año— y una limpieza viaria que aún hoy continúa en situación de emergencia», critican.