La Marea insiste en bajar el bus pese al revés de la UE en el intento de acabar la concesión

El gobierno local dice que mantendrá la bajada de las tarifas del bus urbano que el alcalde anunció en septiembre, pese a que el pasado viernes decidió mantener el contrato con la Compañía de Tranvías, que regula el precio mediante una fórmula polinómica.

Según anunció el regidor, el billete general caería un 8 % hasta los 1,2 euros. El bonobús, un 12 %, hasta los 75 céntimos. El billete social se reducirá en más de un 30 % hasta 23 céntimos, y el billete universitario pasaría a costar 30 céntimos. Además los billetes serían gratuitos para los menores de 14 años y el transbordo sería gratis durante 45 minutos.

Ferreiro explicó que la bajada se aplicaría directamente contra los beneficios de la empresa, y confirmó que el gobierno local no había negociado la rebaja porque «ten potestade para facelo».

Tranvías presentó alegaciones, pero el gobierno local las rechazó y envió el expediente a la Comisión de Prezos de Galicia, a la que se refiere con insistencia como «Comisión de Prezos de la Xunta», para que otorgue su visto bueno. Ese organismo autonómico está presidido por el director xeral de Comercio de la Xunta y lo componen 14 representantes de seis consellerías, y otros 14 representantes de las cámaras de comercio, la Confederación de Empresarios, las asociaciones de consumidores y los sindicatos. Hasta la fecha no ha emitido su dictamen.

Mientras se desarrollaba ese proceso, el Ayuntamiento mantenía otra pugna con la Compañía de Tranvías. La abrió en noviembre del 2016, cuando anunció que la concesión del servicio, que según el contrato debía continuar hasta el 2024, estaba caducada. Como en el caso de las tarifas, el anuncio se produjo por sorpresa y de forma unilateral. No acaban ahí las similitudes, igual que ocurre con los precios, el ejecutivo se basó en la aplicación de normativa europea para justificar el fin de la concesión, a pesar de que esa legislación entró en vigor muchos años después de la firma del contrato.

Desde el 2016 Tranvías presentó alegaciones y, tras ser rechazadas, acudió a los juzgados. Mientras tanto, el gobierno local le dio dos años de prórroga y anunció que licitaría de nuevo el servicio.

En teoría ese plazo terminaba el día 30 de este mes, por lo que la licitación ya debería estar lista. Pero el gobierno local no publicó los pliegos ni inició el concurso.

A esa parálisis se sumó un informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE acerca de dos concesiones de transporte público en Italia. Aunque el caso no está vinculado directamente al de A Coruña, el documento aconseja al tribunal contra la aplicación retroactiva de la norma europea. Es decir, sus conclusiones dan la razón a Tranvías, que podría continuar hasta el 2024, y quitan la razón al gobierno local, que hasta ahora había insistido en su postura.

Tras conocer el informe, el ejecutivo de Ferreiro no anuló sus actos, pero decidió mantener el contrato con Tranvías hasta que haya una decisión judicial firme. Lo más probable es que no se produzca hasta más allá del 2024.

Las mismas condiciones

Así, el gobierno confirmó la vigencia del marco contractual que rige el transporte colectivo urbano desde 1986, incluida la fórmula polinómica empleada para calcular el precio del billete, y un reglamento que dice que la concesionaria podrá reclamar una indemnización si hay cambios sustanciales de las condiciones.

A pesar de ello, el ejecutivo local sostiene que se aplicarán las bajadas tal y como anunció en septiembre: con cargo a los beneficios de la empresa y por potestad municipal. El propio alcalde ha asegurado que el informe del abogado de la UE respalda adaptar las condiciones del contrato -entre ellas las tarifas- a la norma europea, pero en el informe ningún artículo parece indicarlo de forma explícita, y el ejecutivo no ha indicado a cuál se refería.

Además, desde el gobierno local aseguraron que la rebaja se hará incluso si la empresa recurre a los tribunales, con el consiguiente riesgo de que haya que indemnizarla con intereses. La compañía todavía no ha dado ese paso, pero es muy probable que lo haga, ya que entiende que la decisión del Ayuntamiento vulnera el contrato, tal y como hace constar en sus alegaciones.

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