Con dos grandes dependientes, critica el retraso en reponerle los cuidadores
16 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Josefina Iglesias, vecina de Os Campóns, tiene 73 años y dos grandes dependientes a su cargo, su hijo, de 55 años, parapléjico y con una minusvalía del 90 %, y un nieto de 30, con una de 65 %. A finales del 2019 decidió voluntariamente prescindir de los cuidadores asignados tras denunciar los horarios, ya que le levantaban a su hijo a las ocho de la mañana, como que el cambio de trabajadores le causaba trastornos. «Le escribí al alcalde que se terminaba el timo porque me mandaban a gente joven y tenía que hacerlo yo», comenta disgustada. Sin embargo, admite que el tiempo la ha vencido y prevé manifestarse el lunes ante el consistorio para lograr recuperar esta ayuda. «Lo que pido es reactivar el servicio, yo solo pedí horario y gente que sepa moverlo», apunta, asegurando que no logra ponerse en contacto con la trabajadora responsable en el Concello.
Llegó incluso a valorar el dejar temporalmente a su hijo en una residencia para tomar un respiro de ser cuidadora, pero asegura que su mal carácter complica que lo acojan y la única alternativa pública que le ofrecieron fue en Bóveda, lo que le impediría visitarlo con regularidad. «Hace 28 años que dejé de trabajar, tuve que renunciar a mi vida», relata sobre lo que le supuso el accidente que dejó a su hijo en una silla de ruedas. Su nieto, que también está a su cargo, pasaba únicamente las vacaciones con ella, aunque la pandemia ha hecho que se quede más meses en la casa. Es alegre, cantarín, pero debido a su discapacidad hay cuestiones básicas que no puede asumir.
Por su parte, desde el Concello de Cambre reconocen que en su momento, Josefina «se quejó por el horario de atención de la persona cuidadora e incluso por las personas que prestaban este servicio en su domicilio», y aseguran que «el servicio se intentó ajustar a las necesidades y solicitudes trasladadas por la vecina y que todo el personal que desempeña esta prestación está perfectamente cualificado para hacerlo». Precisan que en noviembre del 2019 solicitó la suspensión voluntaria del servicio y «después de haber transcurrido tres meses (período en el que la persona solicitante podía reactivar el servicio) se da de baja de oficio». Desde el consistorio reconocen que este año su abogada contactó con el Concello para informarse sobre qué trámites tenía que llevar a cabo para dar de alta el servicio de nuevo y explica que se le remitió la documentación necesaria para hacerlo. «No obstante, la técnico municipal encargada de esta prestación indica que, a día 2 de julio, la mujer aún no había remitido estos documentos cubiertos», puntualiza.