Juzgan a un matrimonio de Betanzos por encerrar a un familiar en una habitación, atarlo de pies y manos y apenas darle de comer
BETANZOS
El fiscal pide 10 años de cárcel para el hijo y la nuera de la víctima
28 feb 2026 . Actualizado a las 19:46 h.Un matrimonio de Tiobre (Betanzos) ocupará la próxima semana el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder por un delito de detención ilegal y otro contra la integridad moral. La Fiscalía pide para ambos una condena de 10 años de prisión. Según el escrito de calificación de la acusación pública, el matrimonio acogió en su casa al padre y suegro de los procesados. El hombre había estado hospitalizado y al recibir el alta se fue a casa de su hijo y nuera.
En el período de tiempo comprendido entre los meses de diciembre del 2022 y, al menos, hasta el 24 de enero del 2023, «la acusada, con el beneplácito y conocimiento de su esposo, guiados ambos por la intención de privar a la víctima de su libertad de deambulación, lo mantuvieron confinado en el interior de la habitación que tenía en la vivienda (en ocasiones atado de pies y manos) empleando para ello no solo candados colocados en la puerta de la estancia y anexos para proceder a su cierre desde el exterior sino también colocando alambres en las ventanas de la habitación», sostiene la Fiscalía, que añade que «no consta que por estos hechos el hombre sufriese herida alguna».
Durante el referido período de tiempo, «la acusada, también con el conocimiento de su marido, mantenía a su suegro en condiciones precarias e insalubres en la habitación, dándole pañales para realizar sus necesidades, que este acumulaba después en una papelera destinada al efecto, y no ofreciéndole comida ni bebida durante el día o proporcionándole alimentación y agua una vez al día y en pequeñas cantidades».
Los hechos relatados constituyen para el fiscal un delito de detención ilegal, otro continuado contra la integridad moral en concurso con uno de abandono de familia. Además se les imputa el agravante de parentesco.
Aparte de las penas de prisión, la acusación pública solicita que se les prohíba acercarse a menos de 350 metros de la víctima durante 10 años. En cuanto a la responsabilidad civil, los acusados, conjunta y solidariamente, indemnizarán a la víctima en la cantidad de 50.000 euros por los daños morales sufridos.