El gobierno de Culleredo notificará al juzgado la negativa del PP y BNG que impide cumplir la sentencia para pagar Villa Melania
A CORUÑA
Asegura puede conllevar consecuencias jurídicas para el Concello y los ediles que votaron en contra
02 ago 2025 . Actualizado a las 18:54 h.El Concello de Culleredo notificará al Juzgado Contencioso el rechazo determinado en el pleno del jueves a la propuesta del gobierno local de aprobar un crédito para ejecutar la sentencia sobre la obtención de Villa Melania y su zona verde. La negativa procede de los votos contrarios del PP y BNG, dado que el PSOE votó a favor y Alternativa se abstuvo.
La sentencia del Contencioso está en fase ejecutoria. El Ayuntamiento ya había notificado al juzgado que no existía crédito por lo que era preciso incorporarlo del remanente, que asciende a 17 millones de euros y por tanto permite afrontar la compensación sin comprometer ningún proyecto municipal y sin recurrir a endeudamiento. La propuesta se llevó en el primer pleno posible, ya que resultaba preciso disponer de la liquidación del presupuesto del 2024, cuestión que precisamente se dio cuenta en la sesión.
Con esta notificación, la sala podrá adoptar las medidas que considere oportunas. Esta situación puede conllevar consecuencias jurídicas, tanto para el Concello como para los responsables de la negativa, que el mandato judicial es de obligado cumplimiento tal y como deberían conocer los concejales, que con una abstención hubiese bastado para evitar los trastornos que este voto en contra puede derivar, tal y como se puede ver en precedentes de casos similares.
El gobierno local muestra su preocupación ante la argumentación política esgrimida por los grupos para votar en contra, algo que contraviene la obligación legal derivada de una sentencia firme y que defiende perfectamente los intereses públicos. Este uso político fue especialmente llamativo en el caso del PP, ofreciendo su voto favorable a cambio del cese de la concejala de Urbanismo, algo que de por sí carece de sentido teniendo en cuenta que la edila no participó en la firma del convenio del 2003 del que deriva la sentencia.
Muy al contrario, ha sido precisamente esta responsable del área quien, en los últimos años, ha defendido con firmeza los intereses patrimoniales del Concello, evitando que se abonase la cuantía millonaria inicialmente reclamada por la empresa. No se puede condicionar el cumplimiento de una sentencia firme a exigencias políticas improcedentes, que rozan el chantaje. El cumplimiento de una resolución judicial no puede admitir trueques ni vetos partidistas.
Respuesta de los populares
El Partido Popular de Culleredo defendió este sábado su voto en contra del modificativo de crédito presentado en el pleno del jueves por el gobierno local para afrontar la sentencia judicial que condena al Concello a pagar 1,3 millones de euros por incumplir el convenio urbanístico para la obtención de Villa Melania. «Esta decisión, lejos de responder a intereses partidistas ?como ha señalado el gobierno local?, responde a la necesidad de asumir responsabilidades políticas por parte del equipo de gobierno, por no haber sido capaces de aprobar el nuevo PXOM y mantenerlo bloqueado durante años», aseguran. Por este motivo, dice que solicitaron la dimisión inmediata de la concejala de Urbanismo o su cese por parte del alcalde, José Ramón Rioboo. «Ha habido una gestión negligente. No se puede seguir adelante sin depurar responsabilidades políticas», estimóla portavoz popular, Izaskun García.
El PP reconoce la obligatoriedad de ejecutar una sentencia judicial firme, pero recuerda que esa obligación recae sobre el equipo de gobierno, «no sobre los concejales de la oposición». «Votar con libertad no es desacato, es democracia», señala su portavoz, Izaskun García. En este sentido, los populares denuncian que el gobierno de Rioboo pretende ahora desviar el foco.
La portavoz popular critica, además, que el gobierno local intente afrontar el pago de los 1,3 millones a través de un crédito extraordinario del remanente, ya que los presupuestos están prorrogados desde el 2023. Por ello, el PP vuelve a condicionar su apoyo a la depuración de responsabilidades políticas y a la aprobación urgente de unos presupuestos que permitan afrontar con rigor la situación económica del municipio.
Izaskun García advierte, además, de que el fallo judicial por Villa Melania no es el primero que ha golpeado las arcas municipales y precisa que el Concello tuvo que pagar ya 1,5 millones por el caso del colegio Ría do Burgo y, en el 2023, dos nuevas sentencias condenaron al Concello por convenios incumplidos en la ampliación de la `casa consistorial y los terrenos del paseo del río Trabe.