Aun sin licitación, han hecho falta 5 años para resolver las alegaciones
23 sep 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La ría de O Burgo sigue inmersa en un mar de papeleos y trámites. Ayer fue el Boletín Oficial del Estado (BOE) el que anunció el proyecto de regeneración de un estuario que adolece desde hace décadas. Han hecho falta cinco años para se vuelva a dar el plácet al mismo proyecto (es de finales del 2015) para que vuelva a ser refrendado con las alegaciones de otras Administraciones y entidades. Cinco años para estudiar las aportaciones de los concellos de Oleiros, Culleredo, Cambre, A Coruña, la Plataforma en defensa de la ría de O Burgo, la Cofradía de Pescadores coruñesa, la Sociedad Gallega de Historia o la Consellería do Mar, entre otras. Cinco años para hacer avanzar un proyecto que ya debía haber sido ejecutado a principios de este siglo. Los trabajos han ajustado su presupuesto a 48,6 millones de euros y un plazo de 26 meses. El BOE ha dado su bendición al proyecto, pero desde el Gobierno nadie concreta aún cuándo llegará el anuncio de la licitación. No obstante, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, insistió ayer, al hilo de la publicación del documento, «que esta va a ser la legislatura de la regeneración de la ría de O Burgo». «Sí o sí se va a conseguir», agregó Losada.
Hace justo una semana, el Gobierno central y la Xunta anunciaron el final del desencuentro jurídico sobre la posibilidad de mariscar antes del inicio de las obras. Ambas Administraciones volvieron a cruzarse reproches pero, al menos en lo que a documentación se refiere, el recorrido del dragado ha llegado a su fin. Ahora queda todo por ejecutar, en teoría con los fondos europeos que la Xunta recondujo desde una depuradora de Santiago, finalmente no ejecutada, para el estuario coruñés.
El documento del BOE publicado ayer contiene un resumen de las principales modificaciones del proyecto inicial como consecuencia del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental y que elevó el presupuesto final de la actuación en 2,2 millones de euros. Pero el grueso de la resolución es la contestación a todas las alegaciones presentadas, principales en el 2016, y en las que también participó el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto de Estudios do Territorio, la Mesa de seguimiento de Medio Natural, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil o el Ministerio de Defensa.
«A estas alegaciones de la fase de información pública se sumaron posteriormente otras fuera de plazo que fueron igualmente contestadas o tenidas en cuenta y cuyo contenido también se puede comprobar en la resolución publicada», explican fuentes del Ministerio.
Contra esta resolución «que pone fin a la vía administrativa», podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el órgano jurisdiccional competente.