Bermúdez de Castro: «El confinamiento es para muchos un infierno que terminará en divorcio»

El abogado alerta de la aparición de nuevos problemas derivados de la pandemia


A Coruña / La Voz

Una de las consecuencias no sanitarias que dejará la pandemia es el colapso de la ya saturada Administración de Justicia. Y muy particularmente en lo que se refiere a los juzgados de Familia, ya que no solo se prevé un aumento de las demandas de divorcio tras el confinamiento, sino que en estos meses ha surgido una nueva casuística de incumplimientos de las obligaciones relativas al régimen de visitas o el pago de pensiones, según relata el abogado coruñés, especialista en Derecho de Familia, Ignacio Bermúdez de Castro.

-¿Habrá una oleada de demandas de divorcio tras el confinamiento?

-Sin duda. Cuando más demandas de divorcio se presentan suele ser en los meses de septiembre, tras las vacaciones de verano, y en enero, después de Navidad. Y estos meses de confinamiento, para un matrimonio mal avenido, han sido como unas vacaciones en el infierno. Encerrados en sesenta metros cuadrados, en muchos casos con una precariedad económica importante y sin escapatoria, viendo todo el día una cara que no desean ver. Y este infierno que han pasado muchos inevitablemente derivará en muchos divorcios. Y a eso hay que sumarle modificaciones de medidas, porque esta situación, aunque las exparejas hayan estado confinadas en lugares distintos, ha provocado nuevos problemas, sobre todo relativos a los niños.

-¿Cuáles son esos nuevos problemas?

-Si no se ha cumplido el régimen de visitas, si no se le ha dejado ver al niño por videoconferencia... La problemática se ha multiplicado, aunque en la mayoría de los casos ha primado la responsabilidad en cuanto al régimen de visitas, permitido por el primero de los Reales Decretos. Pero claro, las cosas cambiaron mucho. Recibimos en los despachos muchas llamadas con dudas sobre cómo había que hacer, qué estaba permitido, si podían no dejarle ver a sus hijos... Y aunque la norma es clara en ese punto, hubo algún juzgado que cuestionó la idoneidad de que se procediera al régimen de visitas en algunos casos. Al final, el padre o la madre ha dejado de ver a sus hijos, bien por falta de responsabilidad o porque no se los han dejado ver.

-La crisis económica y laboral derivada de la pandemia también ha provocado problemas en ese sentido.

-Se han dado incumplimientos en el pago de la pensión de alimentos derivada de la nueva situación económica de mucha gente, que en el mejor de los casos se ha visto en un ERTE y que se ve ahora imposibilitado para hacer frente a esas cantidades que reflejaban una realidad anterior. Gente que ha visto reducidos sus ingresos a un tercio o que está ahora en paro. Y, por otro lado, hay que tener en cuenta también a los receptores de pensiones que también han visto como minoraban sus ingresos, que recibían una pensión calculada según sus necesidades, y que ahora estas son mayores. Para esto, y para compensar los tiempos de visitas perdidos, se ha legislado, dentro de las medidas adoptadas para descolapsar la Justicia, planteando unos procedimientos a los que se les va a dar prioridad, sobre todo cuando existen menores.

-¿Cómo son estos nuevos procedimientos?

-Solo son referidos a situaciones derivadas de la pandemia, no pueden extenderse a otros asuntos previos, como una modificación de la custodia que estuviera pendiente. Cualquiera podrá tener acceso a estos procedimientos, sí, pero insisto, solo si su caso es consecuencia del coronavirus, acreditando que esas circunstancias se dan, no vale solo con invocarlas, tanto en lo tocante a las visitas como en las pensiones y las nuevas circunstancias económicas. De todos modos, esto tendrá una casuística mucho mayor de la que ahora podamos imaginar, porque estamos ante un escenario totalmente nuevo e imprevisto en el que se habrán producido todo tipo de situaciones que ahora ni podemos imaginar y que habrá que analizar una por una.

En los libros de Historia. Dado el dilatado currículo de Bermúdez de Castro —?además de abogado es licenciado en Geografía e Historia, Ciencias Políticas, Filosofía, Antropología Social y Cultural, Historia del Arte y máster en Historia Contemporánea de España— es inevitable preguntarle sobre la trascendencia del momento que estamos viviendo: «Es enorme. Se estudiará en los libros de historia con la misma relevancia que la Guerra Civil. Aunque aquí no habrá vencedores, seremos todos derrotados. Habrá un antes y un después, sin duda», asegura.

«Encerrados en casa se vuelve imposible llamar al 016 o acudir a comisaría»

Otro de los escenarios candentes del confinamiento es el de la violencia doméstica, encerrados víctima y verdugo bajo el mismo techo, con convivencia forzada y escasas vías de escape. «En cuanto se levante el estado de alarma las comisarías y los juzgados registrarán muchas denuncias, porque encerrados en casa se vuelve imposible llamar al 016 o ir a la comisaría a presentar una denuncia», explica el abogado Ignacio Bermúdez de Castro.

-No se le supo dar una solución acertada a este problema.

-No era fácil. La propuesta de ir a la farmacia y pedir mascarilla 19 para alertar al farmacéutico de que estás siendo víctima de malos tratos no me parece viable. Si puede ir sola a la farmacia ya no se necesita echar mano de ese código; y si le acompaña el agresor, no se atreverá a pedir mascarilla 19, porque él también conocerá el código. Pero me consta que las vigilancias policiales de mujeres maltratadas se han multiplicado.

-Y a todo esto tendrán que hacerle frente unos juzgados colapsados ya de antes.

-La Justicia jamás se había visto en una situación así. Lo más parecido a efectos prácticos, y que no es en absoluto comparable, fue la huelga del 2018, que provocó un colapso que todavía arrastramos. Pero ahora han tenido que legislar para dar salida a esta situación. De todos modos espero que algunas de las medidas que se adoptan para salvar ese colapso no hayan venido para quedarse porque podrían, a mi modo de ver, atentar contra el principio de tutela judicial efectiva. Como el hecho de que no se puedan recurrir sanciones de menos de 6.000 euros, lo que beneficia a los que más dinero tienen y rompe el principio de igualdad ante la ley.

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