Inés Rey da 72 horas a Albada para que recule o tomará el control de Nostián

Los operarios suspenden la huelga a la espera de la intervención del Ayuntamiento


A Coruña

Albada, la empresa gestora de la planta de reciclaje de residuos de Nostián, tiene 72 horas para confirmar que seguirá tratando los residuos de los ayuntamientos de la comarca desde el 1 de enero, y para retirar la regulación de empleo que costaría el puesto a 39 operarios. De lo contrario, el Ayuntamiento intervendrá la instalación, tomará el control de la planta y encomendará su dirección a uno o varios interventores nombrados desde María Pita durante un período de ocho meses.

La junta de gobierno local, reunida de forma extraordinaria y urgente, aprobó al mediodía de ayer esa medida excepcional, de la que apenas hay precedentes en los ayuntamientos de Galicia.

Fue la propia alcaldesa, Inés Rey, quien detalló los detalles de la operación. La acompañaron su portavoz y edil de Facenda, José Manuel Lage, y la titular de Medio Ambiente, Esther Fontán, a la que la regidora agradeció su labor para paliar las consecuencias del conflicto en la planta.

Rey explicó que la intervención pretende «evitar tres crisis». Una «ambiental», con posibles «desajustes graves en la recogida de basura en unas fechas sensibles como Navidad», además de problemas económicos y ecológicos derivados del tratamiento de los rechazos de la planta. Una crisis económica, ya que está «en peligro» la viabilidad de la instalación. Y «una crisis laboral, ya que se perderían 39 puestos de trabajo», a los que habría que sumar al menos 20 más eventuales. Esa conflicto ha sido el primero en estallar: los trabajadores están en huelga indefinida desde el 8 de diciembre.

Firmeza y colaboración

Rey responsabilizó de la situación a la empresa. Subrayó que su negativa a tratar la basura de los ayuntamientos del área es una «decisión unilateral inadmisible», ya que supone cambiar las condiciones de prestación del servicio sin autorización municipal, explicó, además de «generar de manera artificiosa un ERTE». Por lo tanto, afirmó la regidora, «solo queda actuar con firmeza».

Sin embargo, insistió en que espera «colaboración» por parte de la firma del grupo Urbaser, y que «acaten» la decisión del Ayuntamiento o que «no pongan impedimentos» para la intervención.

La firma no entró a valorar la decisión del gobierno local, aunque su postura se aclarará durante el plazo de 72 horas, en el que podrá cumplir la orden municipal o presentar alegaciones contra ella.

Sí lo hicieron los trabajadores, que acudieron al Ayuntamiento poco después de la junta de gobierno. El presidente del comité, Julio Maceiras, valoró la decisión municipal y señaló que el gobierno local envía así un mensaje de firmeza a las empresas.

Los operarios llevaban días reclamando al Ayuntamiento que tomase medidas. Como consecuencia, por la noche se convocó una asamblea en la planta en la que se aceptó dejar la huelga en suspenso hasta que se resuelva la posible intervención. El gobierno local adoptará una decisión definitiva el lunes, una vez transcurrido el plazo de 72 horas. Todo indica que si la empresa recula, o se confirma la entrada del Ayuntamiento, que a través de la alcaldesa se ha comprometido a retirar de inmediato la regulación de empleo y a salvaguardar las condiciones laborales de los operarios, las movilizaciones quedarían desconvocadas.

La oposición apoya la medida y critica que no fuese antes

Los cuatro grupos de la oposición, PP, Marea, BNG y Ciudadanos, mostraron su apoyo a la decisión de intervenir la planta. El portavoz de los nacionalistas, Francisco Jorquera, recordó que su grupo llevaba semanas planteando esta medida y pidió que marque una línea de actuación habitual ante «empresas que vampirizan servizos públicos esenciais». El popular Roberto Rodríguez lamentó que no se hubiese adoptado antes y recordó que el problema parte de que no se haya renovado el contrato de la planta desde el anterior mandato municipal.

Una decisión «sin coste» que evitará una subida de al menos el 20 % en el coste de la basura

La alcaldesa aseguró que en principio la intervención no tendrá coste para el Ayuntamiento, ya que se mantendrán las condiciones de gestión actuales y el salario de los interventores municipales debe ser abonado por la empresa, aunque las cuentas se echarán al final de la actual concesión con Albada.

La regidora añadió que no tomar medidas sí tendría coste. Entre otros una subida del canon de la basura que paga A Coruña. Aumentaría de 45,06 a 54,37 euros por tonelada, ya que la producción de la planta se reduciría al dejar de entrar los residuos de los concellos de la comarca y el contrato prevé una compensación.

Rey no adelantó quién o quiénes serán los interventores. No es descartable que sea un gestor externo con apoyo municipal.

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