Defensa anula la venta de las parcelas de la Maestranza al devolver el depósito pagado

Ministerio y consistorio debaten sobre el futuro de ese suelo


A Coruña / La Voz

Tras dos subastas desiertas Defensa colocó dos de sus tres solares de la Maestranza, por 11,8 millones de euros, hace poco más de un año por el sistema de adjudicación directa. La normativa interna del Invied -el organismo que gestiona el patrimonio sin uso militar del ministerio- fija que cuando una subasta queda desierta dos veces se puede recurrir a ese sistema, en el que se fija como precio el inferior de la última puja. Quien lo paga se lo lleva.

Una empresa se interesó entonces por los terrenos y comenzó el proceso de venta de un modo similar al que se lleva a cabo con otros tantos terrenos del ministerio. Entonces la compañía pagó un depósito de 590.000 euros, el 5 % exigido por el total de la operación. El resto lo abonaría cuando finalizasen los trámites en marcha.

Ese proceso de venta estaba en suspenso porque hace un año también el Ayuntamiento decretó una suspensión temporal de licencias, ya levantada, en esa zona.

Defensa confirma ahora que el proceso de venta finalmente quedó anulado y que el ministerio ya devolvió el depósito a la empresa que lo había abonado. Es decir, las parcelas del ministerio vuelven en la Maestranza al punto de partida, a la espera de que haya un entendimiento entre Ayuntamiento y Estado para saber qué se puede hacer allí.

En teoría, los convenios firmados en los años 80 y 90 fijan que en esas parcelas se pueden levantar, en total, 247 viviendas.

Los dos terrenos cuya venta se anuló cuentan con 2.133 metros cuadrados y 1.352 metros cuadrados respectivamente. Entre ambos la superficie edificable permitida se queda ligeramente por debajo de los 20.000 metros.

El gobierno local coincide con el anterior en que es preferible no edificar en esos terrenos y, en todo caso, lo que pide es la «edificabilidad mínima posible». Ese extremo está por resolver en las reuniones que se están llevando a cabo entre el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, y representantes del Invied.

Defensa no está dispuesta a perder los ingresos previstos por la venta de esas parcelas y no está claro todavía en qué acabarán esas conversaciones. Además, el ministerio está respaldado por los convenios de cesión firmados en su día y podría hacer que se cumplieran en los juzgados. El gobierno local no tiene intención de llegar a esa vía. 

Lío con la Xunta

El anterior gobierno local envió, días antes de dejar el Ayuntamiento, un escrito a Patrimonio solicitando una ampliación del área de protección de la murallas. La intención era conseguir poner trabas a la edificabilidad de esas parcelas.

La semana pasada la Xunta respondió asegurando que Patrimonio nada tenía que decir sobre la suspensión de licencias en ese ámbito, apuntando desde la Consellería de Cultura que era el Ayuntamiento el único competente en esa materia y que además contaba con herramientas para hacerlo.

Desde María Pita mostraron su sorpresa con una respuesta que nunca les llegó por vía oficial y que, además, no aclaraba lo que realmente pedía el consistorio, que no era un pronunciamiento sobre la posibilidad de no dar permisos, sino un informe indicando si se ampliaba o no el área de protección de las murallas. Sería en base a ese informe, que María Pita no ha recibido, cuando se decidiese si aplicar o no más medidas. Por el momento el futuro de los terrenos sigue sin aclararse y sin fecha para que se tome una determinación.

Punta Herminia y el monte de San Pedro a cambio de edificabilidad

La relación urbanística entre el Ayuntamiento y Defensa comenzó en el año 1984. Entonces se firmó un primer convenio entre las partes en el que se especificaban ya las cesiones al consistorio de punta Hermina y el monte de San Pedro, como principales superficies. Había más cesiones vinculadas a la ordenación de los terrenos militares en desuso, como los cuarteles de Corralón y Zalaeta. En aquel acuerdo, que se desarrolló con otro de 1998 ya con el planeamiento desarrollado, se especificaba que Defensa se quedaba con sus tres parcelas de la Maestranza, edificables. El anterior gobierno local se opuso frontalmente a la venta de esos terrenos, dificultando las obras con sondeos arqueológicos.

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