El Ayuntamiento tiene sus servicios más costosos sin contrato, nuevos frentes urbanísticos y judiciales y conflictos con parte del personal aunque las arcas municipales están aseadas
02 jun 2019 . Actualizado a las 08:39 h.La «herencia recibida» es un exitoso concepto político acuñado por José María Aznar, consistente en señalar los problemas heredados de los ejecutivos anteriores, a menudo con el fin de atenuar o excusar errores propios. El concepto ha sido utilizado por casi todos los gobiernos. El PP de Carlos Negreira recurrió a él a menudo, culpando de numerosos males al anterior bipartito PSOE-BNG. La Marea de Xulio Ferreiro lo empleó incluso con más fruición. Empezó el mandato anunciando el supuesto riesgo de bancarrota de un Ayuntamiento que paradójicamente había cerrado el año anterior con superávit; y lo terminó culpando no ya a sus predecesores populares de los problemas, sino incluso al citado bipartito, que llevaba ocho años apartado del poder.
Más allá de su uso político, todos los gobiernos heredan problemas, y éxitos, de sus predecesores que deben gestionar como parte de su trabajo. Estos son los principales que afrontará el ejecutivo socialista de Inés Rey.
¿Cuáles son los problemas urgentes?
La falta de limpieza y los continuos conflictos con el personal del servicio han sido fuente de numerosos problemas en los últimos meses. El nuevo gobierno tiene poco margen de maniobra en el caso de la recogida de basuras, ya que la adjudicación del nuevo contrato, que debía haberse formalizado en enero del 2017, está recurrida en los tribunales administrativos. El contrato de la limpieza viaria debía haber quedado listo el pasado verano, pero empezó a tramitarse tarde y los errores en los pliegos obligaron a retomar el proceso desde cero hace unas semanas. La planta de Nostián quedará sin contrato el 31 de diciembre, pero el proceso para renovarlo no ha comenzado.
¿Hay dificultades económicas?
El gobierno local tenía la obligación de presentar la liquidación del 2018 a principios de este año, pero sigue sin hacerse pública, una situación que los demás partidos explican por ser año electoral. Ese documento permitirá evaluar la situación económica real del Ayuntamiento. En principio, los datos generales deberían ser favorables. La baja ejecución de las inversiones en estos años se ha traducido en menos obras e infraestructuras, especialmente en los barrios. El dinero sobrante, por obligación legal, tuvo que ser destinado a enjugar la deuda con los bancos. Solo el año pasado, al ser incapaz de pagar en plazo las facturas, el gobierno local se vio obligado a ceder a la banca 15 millones de euros que se iban a destinar a mejoras en distintos puntos de la ciudad.
Con esos precedentes, todo indica que la deuda del Ayuntamiento -que en ningún momento de las últimas décadas supuso una amenaza para las arcas locales- debe estar bajo mínimos.
Sí parece necesario resolver los mencionados problemas con el pago de facturas -difíciles de explicar en una Administración con superávit desde el 2014-, y acelerar la contratación y las licencias para que el Ayuntamiento tire más que en los últimos cuatro años de la economía y el empleo.
¿Qué frentes judiciales afrontará?
El conflicto judicial más complicado para el Ayuntamiento, la posible demolición del inmueble levantado en lugar de la sede de Fenosa, ha quedado resuelto en este mandato. Quedan por abordar las indemnizaciones a los expropiados del castro de Elviña, y el conflicto del Agra de San Amaro, procedentes de los gobiernos socialistas de Francisco Vázquez. Pero el ejecutivo saliente también ha dejado su legado judicial. El Ayuntamiento ya ha perdido un juicio por su decisión de anular una licencia en el polígono de Náutica, otro tanto le ha ocurrido en el caso del derribo de la antigua sede de la Citroën y los tribunales han condenado al Ayuntamiento por adjudicar de forma irregular la obra del Castro de Elviña. El próximo gobierno deberá además afrontar la judicialización del polémico concurso de compra de vivienda, con cinco de las adquisiciones incursas en irregularidades. También está pendiente el contencioso abierto con el Puerto, al que el Ayuntamiento no ha pagado aún su parte de las obras de la Marina, o el que ha abierto la Fundación Amancio Ortega por incumplimiento de un convenio. Además de numerosos casos de menor calado. Baste señalar que en la última junta de gobierno se notificaron 12 contenciosos.
¿Dónde hace su apuesta el nuevo ejecutivo?
Los socialistas plantean numerosas reformas en materia de tráfico y movilidad, que están entre los asuntos que más preocupan a los ciudadanos. Se han comprometido a presentar un plan de movilidad este mismo año, a reformar las líneas de bus y recuperar el carril exclusivo para transporte público. El PSOE aún debe definir cómo mejorará el criticado pero extenso carril bici que ha dejado la Marea Atlántica, y también debe afrontar dos procesos judiciales abiertos en este mandato con la Compañía de Tranvías, uno por la duración de la concesión y otro, que podría terminar con compensaciones económicas, por la bajada unilateral de tarifas del bus.
¿En qué situación está el personal municipal?
Tras una sentencia judicial que declaró ilegales más de 160 nombramientos a dedo de funcionarios en puestos de responsabilidad, el gobierno saliente inició un proceso para reorganizar la plantilla municipal. Ese procedimiento no ha llegado a su fin, y parte de la plantilla se ha opuesto a sus bases, al entender que limitaban la libre concurrencia. Además, en distintos servicios, como Urbanismo, hubo numerosos cambios de personal que, según los sindicatos, han ralentizado el funcionamiento de la Administración municipal. Aunque es un trabajo menos vistoso, el éxito del nuevo gobierno -que como todos actúa a través del personal municipal- dependerá en gran parte de resolver esos conflictos.