El gobierno local reconoce una deuda con Albada de 1,4 millones

La actualización del canon se aprobará el lunes, en pleno conflicto laboral en la planta


A Coruña

La junta de gobierno local aprobará el lunes una actualización del canon que cobra Albada, la empresa gestora de la planta de residuos de Nostián, que tendrá efectos retroactivos hasta el 2013 con el fin de recoger las variaciones del IPC desde entonces.

El expediente no indica la cifra exacta que recibirá la empresa. Preguntado al respecto, el ejecutivo local no la concretó, aunque aprovechó para responsabilizar al gobierno del PSOE del 2011 de la situación. Tampoco lo hizo Albada, que evitó valorar la sentencia. Sin embargo, distintas fuentes conocedoras de la situación legal de la planta estiman que rondará los 1,4 millones. Esa cantidad deberá ser asumida por los ayuntamientos que utilizan Nostián: Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y A Coruña, que aporta el 60 % de los residuos que trata la planta y debería asumir un porcentaje similar de los mencionados 1,4 millones.

La actualización del canon es consecuencia de una sentencia judicial. Fue dictada en febrero, pero el gobierno local no la aplicó de inmediato. Fue Albada la que el pasado 20 de marzo presentó un escrito en el Ayuntamiento instando a ejecutarla.

El gobierno local aprobará ahora la actualización, en pleno conflicto laboral en la planta. El comité de empresa de Nostián ha convocado una huelga indefinida que iba a comenzar este domingo a las 22 horas. El viernes, los representantes de la plantilla decidieron aplazarla hasta el día 30, después de que el gobierno local se comprometiese a crear una comisión, de la que formarán parte, y en la que se estudiará la posibilidad de incluir las mejoras laborales que reclaman en los pliegos del próximo contrato.

La negociación del convenio

La huelga tenía su origen en la negativa de Albada a aceptar esas mejoras -entre ellas una mejora salarial del 3 %-. La propuesta de la empresa pasaba por congelar las condiciones de la plantilla en el nuevo convenio, renunciando a aplicar la reducción de costes salariales del 10 % -unos 600.000 euros- que anunció el año pasado después de que Arteixo decidiese dejar de llevar sus residuos a Nostián. Aunque renunció a los recortes, la paralización propuesta por la firma no fue bien recibida por la plantilla, que denuncia que sus sueldos están congelados desde el 2013.

Por ese motivo, los trabajadores reclamaron al gobierno local que mediase ante la empresa. El resultado de esas peticiones fue nulo y, tras varias semanas, la plantilla convocó la huelga.

Con las movilizaciones sobre la mesa y a menos de dos meses de las municipales, el gobierno local movió y se reunió con los trabajadores. El fruto de ese encuentro es el acuerdo para incluir sus reclamaciones en los pliegos. El gobierno local aseguró que el pacto supone «non ceder ás presións da empresa». Sin embargo, la decisión de incluir las mejoras laborales en los pliegos quita presión a Albada para aplicarlas en el tiempo que le queda al frente de las instalaciones -hasta el 31 de diciembre-, y supone que la próxima adjudicataria podrá tenerlas en cuenta para presentar su oferta, con lo que se repercutirán en los fondos públicos.

Por otro lado, aunque en las negociaciones se ha mencionado esa posibilidad, parece complicado que la decisión de actualizar el canon influya en la decisión de Albada de mantener la congelación salarial, ya que hasta ahora se ha mantenido firme en esa postura y la mejora es consecuencia de una decisión judicial.

Una solución sin precedentes para un conflicto en plena precampaña

El viernes, el mismo día en el que la Marea Atlántica escribió en sus redes sociales «non cedemos ante as grandes empresas», el gobierno local incluyó entre los asuntos de su próxima junta actualizar el canon que ingresa la firma, de acuerdo a una sentencia judicial que aún podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La decisión de actualizar el pliego coincide con el anuncio de que los trabajadores de la planta participarán en la redacción de los pliegos del próximo contrato de gestión, en los que se intentarán incluir sus reclamaciones.

La salida elegida por el gobierno local sigue los pasos de la concesión que hizo a los comités de la recogida de basura y la limpieza viaria, cuando admitió que participen en la redacción de los pliegos y vigilen su contenido. Pero en el caso de Albada se ha ido un paso más allá, al aceptar que unas legítimas reclamaciones laborales, en vez de dirimirse en ese ámbito, sean asumidas por la Administración y, en última instancia, por los vecinos que la sustentan con sus impuestos.

Es una solución sin precedentes, que evita un conflicto laboral justo antes de las elecciones.

Es un paso más en la polémica gestión del gobierno local sobre los millonarios contratos de recogida, limpieza y tratamiento de residuos. Resonarán en las municipales. Ayer la socialista Inés Rey calificó el trabajo de la Marea de «nefasto» y advirtió que tendrá consecuencias para la ciudad. El gobierno local le recordó que el PSOE «aprobou en 2011, a un mes das eleccións, pagar a Albada a xestión dos rexeites sen ningún tipo de modificación do contrato». Habrá para rato.

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