El gobierno local intentó proteger y demoler simultáneamente el inmueble de la avenida de Oza
23 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.No está en racha el gobierno local con el espinoso asunto de los edificios. Si hace una semana un juzgado anulaba la decisión de declarar caducada una licencia en Náutica y la Fiscalía afeaba la «ausencia de control» (sin repercusión penal) en la compra de los pisos del afín a la Marea, en esta ocasión es una jueza la que saca a la luz los atrancos de María Pita con el mundo del ladrillo. En concreto, con el antiguo concesionario de Citroën en la avenida de Oza 117.
La jueza, que por el tono de la sentencia está perpleja con este tema, describe con todo lujo de detalles las «contradicciones» de la concejalía de Rexeneración Urbana, que «parece pretender proteger y demoler simultáneamente el edificio». Por increíble que parezca, es así. Al mismo tiempo que procedía a tramitar la licencia de derribo solicitada por el propietario, el Ayuntamiento gestionaba el cambio en el catálogo para protegerlo. Todo ello, mediante un proceso en paralelo y en manos de una sola concejalía.
A estas alturas y sin una explicación más detallada de los responsables es difícil adivinar cómo pudo llegar a gestarse este despropósito, pero lo cierto es que cuando el oficial mayor de María Pita dictó en diciembre del 2016 un informe contrario al derribo con la intención de proteger el edificio de la Citroën, la demolición ya había sido autorizada en agosto. Y lo era además por silencio administrativo, al no responder el Ayuntamiento en plazo a la solicitud de los propietarios.
Ahora, los que están perplejos, además de la jueza, son los vecinos de Oza, que son los que en su día pidieron al Ayuntamiento que asegurase la continuidad del inmueble, y que esta semana se han enterado de que en María Pita tardaron 14 meses en iniciar los trámites para catalogarlo, hasta que el expediente zozobró en la orilla.
Bien, y llegados a esta encrucijada del ying y el yang municipal, ¿qué se puede hacer ahora con el edificio diseñado por el arquitecto Andrés Fernandez-Albalat en la avenida de Oza? En primer lugar está la opción de recurrir la sentencia. Parece que el gobierno local tiene la intención de hacerlo, aunque, a tenor de la preclara exposición de la magistrada, hay bastantes dudas de que este asunto sea reversible.
Y en segundo término, y a la vista de la resolución del caso de la antigua sede de Fenosa en Fernando Macías, habrá que preguntarse si aquí se va a plantear también la contratación de un mediador que salve el inmueble de la piqueta a cambio de una generosa indemnización a su propietario. Retribuido, claro, con el dinero de los coruñeses.