Valentín Souto, que denunció la ilegalidad de la sede de Fenosa, podría recibir 2,6 millones aunque el edificio siga en pie
04 feb 2019 . Actualizado a las 08:21 h.«Hasta ahora han pretendido saltar con pértiga por encima de nosotros y ningunearnos», decía el arquitecto Valentín Souto nada más conocer que el Ayuntamiento había abierto una vía de mediación para tratar de salvar el edificio de Fernando Macías.
La mediación dio sus frutos y hay acuerdo, a la espera de que lo refrenden el jueves los tribunales. Ese pacto incluye una asunción pública de responsabilidad por parte del consistorio por la licencia dada al inmueble en los 90, habilitar medios para que no vuelva a pasar algo parecido y, además del pago a Souto de unos 2,6 millones por los daños, la construcción de 50 viviendas de protección en el Ofimático. Al parecer, ya que un acuerdo de confidencialidad dificulta el acceso a los detalles, levantar los nuevos pisos de promoción pública fue una de las condiciones del arquitecto para renunciar a seguir con el proceso judicial, y se harían supuestamente con cargo a la indemnización reconocida en la mediación, a mayores de los 2,6 millones.
Pero, ¿qué tiene que ver Souto con la antigua sede de Fenosa? Él es quien llevó el inmueble a los tribunales en 1997 denunciando una ilegalidad en la licencia concedida por el Ayuntamiento. Profesor de la UDC, él mismo había presentado un proyecto para el concurso con el que se diseñaría el inmueble. La empresa que hizo la obra, Fadesa, obvió ese concurso y los trabajos de varios arquitectos, entre ellos Souto. El profesor acudió a ver el expediente y detectó irregularidades. Llevó la licencia al contencioso antes de iniciadas las obras.
A Souto entonces muy pocos le hicieron caso. Se pagó el proceso de su bolsillo y los tribunales dejaron claro, de forma firme e inapelable desde el 2006, que tenía razón. Pero aún con esas, la maquinaria pública no recayó entonces en dársela, sino en tratar de impedir que el edificio cayera porque el coste para las arcas municipales sería muy elevado. «Yo no soy el enemigo de los vecinos, solo quiero que ilegalidades como esta no se repitan», reiteró insistiendo en que se ejecutara la sentencia. Al final, él solo mantuvo un proceso que dura ya más de 20 años.
«Al menos tendremos un foro donde vernos las caras», decía antes de la mediación dejando claro que en dos decenios nadie se preocupó por hacerlo. Se las vieron y negociaron con el expresidente del Supremo, Pascual Sala, como principal mediador. Al final se abrió una puerta para evitar una demolición y para que Souto sienta que también se hace justicia al tiempo que recibirá como compensación 2,6 millones de euros.