La iniciativa fue de uno de los propietarios perjudicados por los allanamientos
02 may 2018 . Actualizado a las 10:33 h.El número 5 de la calle Alfonso IX tiene cuatro alturas y dos dueños. Uno que vive fuera de la ciudad y compró la segunda y la tercera planta del inmueble, y otro que desearía poder mudarse al piso que abarca la primera altura y que recibió en herencia junto al bajo al nivel de la calle. Este último es Fernando y acaba de sorprenderse con la medida radical adoptada por el otro copropietario: ha ordenado tapiar la puerta de entrada al edificio. Lo que podría avivar su enfado al impedirle el acceso al interior del bloque que comparten, le ha proporcionado, sin embargo, un respiro. «Pago un alquiler cuando tengo un piso que quiero rehabilitar y no puedo», destaca Fernando, padre de una niña pequeña.
Sabe de lo que habla. El pasado mes de noviembre, y tras casi un año de lucha judicial, consiguió la orden para recuperar el bajo allanado por un grupo de okupas. Su odisea no terminó ahí. Mientras él se aseguró de tapiar las puertas de sus dos plantas y de cubrir las ventanas con tablas de madera, los intrusos se colaron en las viviendas del segundo y del tercer piso. «No puedo mudarme aquí por el momento, aunque lo necesite, por el temor a que vuelvan», asegura. Se puso en contacto con el otro propietario, al que sus hermanos vendieron los pisos también heredados y que prefiere mantenerse en el anonimato. Lo hizo para alertarlo. Después de meses sin ver una reacción y de hacer guardias, la respuesta ha sido mayúscula: la entrada a todo el edificio está bloqueada.
Desalojos exprés
«Por ahora lo voy a dejar así. Es un alivio. Estoy pendiente de la inspección técnica y de que entre en vigor la nueva ley con la que, espero, estemos más protegidos». Se refiere a la Ley de Enjuiciamiento Civil que, se calcula, entrará en vigor a partir de junio. Permitirá expulsar a los okupas de viviendas de particulares, Administraciones públicas y organizaciones sociales. «Te ves privado de tu casa y desamparado por la justicia. Todos tenemos derecho a tener una vivienda, pero no a costa de perjudicar a otros», mantiene. En la Ciudad Vieja se estima que cerca del 30 % de las viviendas consideradas antiguas, construidas antes de los sesenta, están vacías. «Isto é un risco, pero tamén o son os inmobles que se alugan en estado ruinoso. Non atraen inquilinos», lamenta Pedro Roque, de la asociación de vecinos. «Non haberá revitalización se non hai un plan de rehabilitación», denuncia al mismo tiempo que insta a gobiernos, local y autonómico, y a vecinos a implicarse en la «recuperación dunhas vivendas que son a prioridade no casco antigo».
Las viviendas afectadas y su vecindario perderán valor con la nueva tasación
La Asociación Española de Análisis de Valor anuncia cambios en el modelo de tasación de las propiedades que entrarán en vigor este otoño. Uno de ellos afecta a los inmuebles okupados. El asalto de casas y pisos tiene un reflejo en la caída de su demanda, argumentan, que trasladarán a su valoración. También a la del vecindario. El colectivo estudia extender esta depreciación a un período de seis años. En Galicia, calcula el Instituto Cerdà, que el descenso del valor de las viviendas allanadas y las de su entorno es el 42 %. En comunidades como Asturias supera el 60 %.
Pendientes del plazo dado por María Pita para el desalojo de la Comandancia
Los okupas de la Comandancia llevan en ese inmueble desde noviembre del 2016. Si en un primer momento el Ayuntamiento aseguró que los echaría de allí empleando la fuerza, el discurso cambió en los últimos meses, sobre todo después de que la parcela pasase a ser de titularidad municipal. El pasado 20 de abril el consistorio dio a los de A Insumisa ocho días de plazo para abandonar las instalaciones en las que quieren construir un centro juvenil. Ese plazo cuenta desde la recepción del aviso. Si en julio siguen allí se perderá la ayuda de un millón para las obras.