La comunidad de propietarios del edificio de Fernando Macías pide amparo al Constitucional

El denunciante, Valentín Souto, reconoce que le preguntan «si es consciente del perjuicio que está causando a los vecinos»


a coruña / la voz

La comunidad de propietarios del edificio de Fernando Macías, antes conocido como Conde de Fenosa, presentó esta semana un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. No es la última cuerda a la que agarrarse para evitar su demolición. Ni la única. Es una más. Una medida jurídica de los vecinos del inmueble que busca dar la vuelta a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del 2001 que anulaba la licencia municipal y obligaba al Ayuntamiento y a la inmobiliaria Fadesa a derribar el edificio.

Este recurso lo anunció ayer el propio denunciante, Valentín Souto, el hombre que lleva 20 años firmando el pleito por la ilegalidad de la obra y de la licencia municipal que el 10 de noviembre de 1997 dio el visto bueno al proyecto.

«Soy un arquitecto vocacional y hay quien pueda llegar a pensar que soy un tipo raro. Hay quien me pregunta si no soy consciente del perjuicio que estoy causando a los propietarios del edificio. Yo les contesto con otra pregunta: ¿Estamos obligados a vivir en una oligarquía donde los poderosos hacen y deshacen?». Con estas palabras concluyó su intervención en un debate celebrado ayer en el Sporting Club Casino organizado la Asociación Metropolitana Coruña 3.0. El acto, presentado por el arquitecto Alberto Unsaín, contó con la presencia de Xiao Varela, edil Rexeneración Urbana; José Manuel García, portavoz del PSOE; Martín Fernández Prado, exconcejal de Urbanismo con el PP, y José Miguel Rosende, portavoz de Ciudadanos en la ciudad. Todos ellos escucharon a Valentín Souto decir: «Sobre los políticos, no se salva ni uno».

Este arquitecto contó a qué dedicó «un tercio» de su vida, que no fue otra cosa que «a parar una injusticia». Recordó cómo y por qué empezó todo. «Al enterarnos de que Fenosa vendía su sede en Fernando Macías, concurrí con unos amigos para hacernos con la obra. Pasé noches sin dormir preparando el proyecto para entregarlo en plazo, ajustado a las normas establecidas. Y de pronto me entero por el periódico que el Ayuntamiento le dio la licencia a Fadesa, que pagó por el inmueble 2.250 millones de pesetas. Me sorprendió tanta celeridad y no vi publicación ni estudio de detalle alguno. Así que fui a María Pita y pedí el expediente. Vi con plenitud que la propuesta arquitectónica era deleznable. Era una arquitectura travestida que pretendía aparentar lo que no era. Me di cuenta que todos los problemas urbanísticos que a mí se me planteaban, ellos los pasaron por encima. Se le añadieron 2.473 metros de más. Era una malversación de la normativa que les reportó un beneficio inmediato de 430 millones de pesetas. Mientras que los que hicimos las propuestas nos mantuvimos fieles a las normas, ellos nada. Me sentí indignado y presente demanda». Ahí comenzó todo. La presentó antes de comenzar las obras y «advertí de lo que allí ocurría», dijo. «Era más que obvio la connivencia entre las autoridades municipales de entonces y la promotora», añadió. Pese a todo, se continuó adelante hasta que en el 2001, la sala de lo Contencioso del TSXG le dio la razón y ordenaba el derribo del edificio.

De entonces hasta aquí, la causa ha llegado hasta en seis ocasiones al Tribunal Supremo, recordó. Como también recordó los tirones de oreja del alto tribunal a algunos jueces del TSXG.

Lo preocupante ahora, apuntó, «es que tengamos que elegir entre la ruina económica del ayuntamiento y la ruina moral».

Sobre la estrategia de los propietarios y del Ayuntamiento, Souto cree que «es la de ganar tiempo y esperar a que me muera o me arruine».

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