La nueva normativa se llevará a la junta de gobierno del lunes y al pleno del día 13
04 jun 2016 . Actualizado a las 11:20 h.«Hoxe é un dos mellores días do noso mandato nun ano», confesaba ayer el alcalde Xulio Ferreiro antes de anunciar la presentación del proyecto de Renda Social Municipal, que el próximo lunes se llevará a junta de gobierno y que está previsto aprobar en el pleno del 13 de junio, donde espera contar con el apoyo unánime de todos los grupos municipales. El regidor calculó que con esta nueva medida se podrá ayudar a alrededor de 1.000 familias de la ciudad que están en riesgo de exclusión, que percibirán entre 500 y 1.000 euros por un período inicial de 6 meses, que se puede ampliar un máximo de dos más (en total 18 meses). Para esta actuación se contará con un presupuesto de 2,1 millones este año, aunque la intención es que sea de 3 millones cada ejercicio.
Ferreiro reconoció que han trabajado muy duro para sacar adelante esta iniciativa, y que los últimos cambios normativos de la Xunta han favorecido mucho el desenlace final. «No seu momento, cando elaboramos o proxecto inicial, dentro dos cen primeiros días de mandato, atopámonos cunha serie de obstáculos que hoxe podemos dicir que foron superados. Por exemplo, a aprobación por parte da Xunta do decreto carteira de servizos sociais de inclusión faranos máis fácil a tramitación da prestación», afirmó, al mismo tiempo que recordó que aunque esta norma autonómica se aprobó en febrero, no se publicará oficialmente hasta el 8 de junio, algo a lo que se ha comprometido personalmente el conselleiro de Política Social con Xulio Ferreiro.
En este sentido, el alcalde explicó que antes de que existiera esta nueva ley, cada vez que se entregaba una subvención, el beneficiario tenía que presentar los recibos o justificantes de dónde se invirtió esa ayuda; y en caso de que le faltase alguno, quedaba como deudor y no podía optar a ninguna otra asistencia similar. Con la Renda Social Municipal, y gracias a la nueva normativa autonómica, se entregará el dinero de forma directa. «Na vez de ir pola vía da subvención, imos pola vía da prestación o que é moito máis sinxelo, principalmente porque non nos require carga administrativa e as persoas solicitantes non terán que estar pendentes de entregar todas as facturas», afirmó la concejala de Xustiza Social, Silvia Cameán, que insistió en que las familias que lo están pasando mal «non poden esperar», y por eso es necesario ayudarlas cuanto antes.
Mayores de 18 años, que estén empadronados y no perciban la risga
Los beneficiarios de la nueva Renda Social Municipal deberán cumplir una serie de requisitos, como estar empadronado en la ciudad, tener 18 años, no estar percibiendo la risga u otras prestaciones, «e que non poidan facer fronte ás súas necesidades básicas, tales como alimentación, vivenda, alugueiro da vivenda ou vestimenta», enumeró Cameán. La concejala también explicó que la cuantía de las ayudas variará en función de los miembros de una unidad familiar, y que se situará entre los 500 y los 1.000 euros de máximo. Paralelamente a la entrega de la prestación, ser realizará un seguimiento de cada caso y unos itinerarios personalizados de inclusión, tareas que obligarán a reforzar Servicios Sociales.
Los grupos municipales muestran su predisposición a apoyar la iniciativa
Ayudar a los más desfavorecidos parece que se convertirá por fin en el objetivo común que llevará el consenso al palacio municipal de María Pita, después de más de un año de gobierno de la Marea. Así al menos se dejó entrever ayer en el programa Cita en María Pita de Radio Voz, donde los representantes de los distintos partidos políticos vieron con buenos ojos la nueva Renda Social Municipal, aunque también quisieron sacar punta a algunos de sus capítulos.
El concejal del PP Miguel Lorenzo criticó que no hubiesen sabido nada más de esta normativa desde el mes de marzo, y mostró su preocupación por cómo se va a ejecutar. «Todo recurso en beneficio de los ciudadanos me parece bien, pero debe ir acompañado de iniciativas que favorezcan la integración del ciudadano», destacó. También la socialista Silvia Longueira se manifestó en este mismo sentido, y pidió que el Ayuntamiento «recuperase los grupos de inclusión» que existían hace años. Confió en que esta renta social ayude a los más necesitados y agradeció el duro trabajo «de las asociaciones que a lo largo de estos cuatro años estuvieron dando en callo».
La edila del BNG, Avia Veira, hizo hincapié en la necesidad de colaborar con los más desfavorecidos para que vuelvan a encontrar trabajo, y no solo entregarles las ayudas. Destacó que el nuevo decreto de la Xunta «está a crear desigualdade entre concellos: entre os concellos grandes que poidan pagar estes subsidios e os pequenos que non poidan».