El Tribunal de Cuentas castiga al Ayuntamiento por mantener la demanda con el PP y retirarla sin justificación con la Marea
07 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Ayuntamiento tendrá que pagar las costas de la demanda que interpuso en el Tribunal de Cuentas por las supuestas irregularidades en la urbanización de Someso. La cuantía está por determinar y se calculará de acuerdo a la ley de enjuiciamiento civil, en principio debe cubrir el coste de la defensa de los demandados y los gastos comunes.
La demanda fue presentada durante el anterior mandato, bajo gobierno del PP, y el actual ejecutivo dirigido por la Marea Atlántica desistió el pasado 7 de julio.
El tribunal explica su decisión de cargar las costas al Ayuntamiento por las «circunstancias concretas» del caso, que «aconsejan» esa condena, y lo sostiene con cuatro argumentos.
El primero es que la «parte actora», el Ayuntamiento, tuvo la posibilidad de «decantarse por el archivo de las actuaciones» durante las fases previas del procedimiento, pero optó por mantener sus pretensiones.
El segundo argumento es que el Ayuntamiento continuó con esa postura «pese al criterio desfavorable (...) manifestado por el delegado instructor de las actuaciones previas y por el Ministerio Fiscal».
El tercero es que al mantener esa postura hasta «un trámite tan avanzado» se han generado «unos costes innecesarios para los demandados».
Finalmente, el Ayuntamiento «ha pasado, en un corto espacio de tiempo, de reclamar más de 19 millones de euros a los demandados a desistir de su pretensión, y ello sin aportar ninguna justificación o concurrencia de hecho nuevo en apoyo de su cambio de criterio».
Esa última decisión fue tomada durante el mandato actual, las anteriores, la presentación y mantenimiento del pleito, datan del anterior mandato municipal.
La decisión del Tribunal de Cuentas sobre la demanda, que fue presentada contra Estaba dirigida contra los exalcaldes Francisco Vázquez y Javier Losada y los exediles Carmen Marón, Carlos González-Garcés, Mar Barcón, Nieves Vázquez y Florencio Cardador, refuerza otros dictámenes anteriores en los que se determinó que no hay responsabilidades personales por la urbanización de Someso. En este caso, el fiscal afirmó que no se apreciaba «menoscabo de los fondos públicos». El instructor de las diligencias previas también concluyó que no había responsabilidad por alcance o malversación.