Los vecinos de la conservera Celta piden alternativas creíbles para irse
28 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Darse un paseo por la conservera Celta es hacerlo por más de tres décadas de problema sin solución. Al drama de que vivan allí unas 90 familias -alrededor de 50 niños- se le suma el hecho de que, por una causa o por otra, la acción pública no ha contribuido a aliviar, sobre el terreno, las condiciones de vida.
Ni saneamiento, ni vías practicables, ni recogida de basura... Sí se han hecho cosas con otros programas -empleo, educación...-y sí se ha logrado que salgan algunas familias, pero los que quedan siguen viviendo en un lugar en unas condiciones lamentables. La sentencia que obliga ahora al Ayuntamiento a desalojar temporalmente parte del poblado para derribar la nave de La Toja no ha contribuido a aliviar la situación. Al menos así lo ven quienes allí viven: «Que no nos compliquen más. Yo me puedo ir a un piso, pero otros aquí olvídate porque hay gente que se siente encerrada. Que nos den algo en algún sitio», dice Francisco Santos, que nació allí y vive pegado a la nave que será derribada.
No se cree que si los echan les vayan después a permitir volver a los lugares que ocupaban, y más dudas tiene todavía sobre dónde se va a meter si tiran su vivienda, una de la media docena habitadas que desaparecerán con la demolición de una nave en ruinas a la que están adosadas.
«¿Y a dónde van a ir? Habrá que darle algo a quien lleva toda la vida viviendo aquí», dice el familiar de otro residente que ayer pasaba la mañana de visita. Por el poblado, muchos niños jugando entre montañas de basura. Tras cuarenta años sin dar con la solución, parece que ahora habrá que buscar una rápido.
Un desalojo temporal para una docena de familias durante el derribo de la nave
La sentencia que obliga al desalojo parcial de la conservera no habla de plazos, pero sí el fallo previo, que entonces daba cinco días para iniciar los trabajos. Seguramente la llegada de las máquinas no se demore mucho.
No todos tendrán que irse, solo los que viven pegados a la nave de La Toja, propiedad de la inmobiliaria Altramud. El edificio está declarado en ruinas desde el año 2000 y la obligación judicial de derribo es por el riesgo que supone para las personas. El juez no entra a debatir sobre la propiedad, por lo que los habitantes de las infraviviendas podrán volver al acabar unos trabajos que pueden durar 15 días, según el primer fallo. Podrán volver los que viven en el perímetro de seguridad que no se verá afectado por los trabajos, pero el problema lo tienen quienes viven pegados a la nave. Esos, una media docena, se quedarán sin casa y el Ayuntamiento deberá buscarles una solución.