Esta sociedad renuncia a las acciones legales, pese al «daño» que causan
20 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los jueces han dejado de condenar a los manteros por considerarlos personas que no tienen más actividad que esa para sobrevivir. Para la Justicia, ya no son culpables de un delito contra la propiedad intelectual. Tampoco la Sociedad General de Autores y Editores los perseguirá. A pesar de que se sienten «muy perjudicados», han dejado de personarse en los juicios como víctimas. De hecho, según fuentes de la SGAE, ha sido la Fiscalía, de oficio, la que los ha incluido en sus escritos de calificación como perjudicados, no ellos. Y han renunciado a cualquier acción legal contra quienes vendan en la calle material pirata porque, como lo ha dejado escrito el Tribunal Supremo, pese a que «claramente» son dañados por esa actividad ilegal, entienden que esas personas son el último eslabón, gente normalmente necesitada y de pocos recursos. Y como sostienen los jueces en las sentencias, son las mafias, los distribuidores o los que realizan las copias a quienes realmente tienen que perseguir.
Así quedó dicho en la sentencia emitida la semana pasada del ciudadano senegalés detenido en el 2007 en la calle Real cuando vendía deuvedés pirata. Fue absuelto y el juez negó a la SGAE, como a la Asociación Española Fonográfica y Videográfica (Afyve), ser indemnizadas con 2.000 euros. Esta entidades aparecían en el escrito de la Fiscalía como perjudicados. Así era entonces. Pero ahora ya no. Al menos la SGAE ya rechaza presentarse como parte en esos procesos.
Así las cosas, ya ha corrido la voz entre los manteros de que la Justicia los entiende, de que ya no les pasa nada por vender bolsos, gafas, pañuelos y cedés en las calles porque, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no engañan a nadie, todo el mundo sabe que el género es de imitación y de peor calidad y que la venta ambulante es lo único que les da de comer. Pero aparte de todas esas consideraciones, tenidas ahora en cuenta por los jueces para descriminalizar el top manta, existe otro motivo, más humanitario que legal, y es evitar que el inmigrante quede en situación de desamparo, sin ninguna posibilidad de acceder a un trabajo o al permiso de residencia. Antes, cuando un chico inmigrante era detenido, la Justicia lo condenaba a un año de prisión. Pero eso no era lo peor. Lo que aquello significaba era que aquel joven ya no podía acceder a la residencia o a un contrato.