La oposición ataca el plan por los cambios en los últimos meses y por los movimientos en fichas y normas en la zona
27 ene 2015 . Actualizado a las 22:17 h.Tras casi seis años de gestión el Pepri -el Plan Especial de Protección y Reforma Interior- del casco histórico se aprobó ayer en pleno. Tal vez por lo dilatado -y debatido del proceso- el trámite de ayer previo a su entrada en vigor no levantó grandes pasiones. El edil de Urbanismo, Martín Fernández, hizo el resumen en 20 minutos y la oposición, con el tiempo tasado, tampoco se excedió en un pleno que, una vez más, estuvo exento de grises.
Como ya es habitual, lo que para los populares roza la panacea para los integrantes de la oposición -no estuvo Esquerda Unida- más se asemeja al apocalipsis.
Fernández Prado destacó el alto grado de consenso, con 1.558 alegaciones -la mayor parte aceptadas total o parcialmente- las 14 reuniones con diferentes colectivos profesionales y los diez informes favorables que respaldan el segundo Pepri con el que cuenta la ciudad y que sustituye a uno que estuvo en vigor durante 17 años.
«Desde 1998 perdimos 94 edificios catalogados, el 10 % de los que teníamos, y eso que había que frenarlo», dijo en alusión a las novedades del documento, que divide el ámbito a proteger en seis zonas -Ciudad Vieja, Pescadería norte y sur, Atochas, Ensanche y Áreas Urbanas Renovadas- que suman 1.700 edificios de los que 1.093 están catalogados con distintos niveles de protección.
El concejal destacó sobre todo el carácter flexible del plan que tiene como objetivo «actuar en 12 años en 334 edificios, de los que 290 están catalogados, lo que supondrá 28 inmuebles al año con una inversión pública y privada de 71 millones».
El documento, dijo el edil, «es un millón de veces mejor que el aprobado por la izquierda en años anteriores». Aunque precisamente para esa izquierda parece todo lo contrario.
BNG y PSOE destacaron los cambios de última hora. «De ese cambiazo que intentaron a finales de noviembre buena parte obtuvo un no rotundo de Patrimonio», le dijo Mar Barcón, para quien el gobierno local «está poniendo en peligro la protección del patrimonio para beneficiar intereses privados». En su opinión, «los informes son favorables, pero cambiándolo todo».
Para el portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril, «nada ten que ver o documento do 2012 co de decembro do 2014», un texto en el que hubo «auténticos cambiazos sen ningún tipo de explicación».
En opinión de Carril, «Patrimonio tíralle das orellas ao goberno local e limita o seu furor urbanístico», y afirma que los populares siguen «apostando pola barra libre en urbanismo».
El BNG criticó también que no hubiera una norma que permita expropiar para poner ascensores y las divisiones internas de viviendas. Fernández Prado se preguntó por qué no dividirlas si cumplen las normas y recordó que para expropiar hace falta una ley. PSOE y BNG finalmente se abstuvieron.