Corrupción sin tarjeta black


Casi veinte millones de euros bajo sospecha de malversación y fraude. Esa es la cifra que ha escandalizado a la sociedad coruñesa esta semana. Y era difícil superar el nivel de indignación generado por los usuarios de las famosas tarjetas black, con los Miguel Blesa, Rodrigo Rato y demás legión de políticos y sindicalistas adeptos al gratis total. Pero la mala noticia para la sociedad coruñesa es la trama nucleada en torno a la operación Zeta, que se ha saldado con siete personas imputadas, más de sesenta testimonios deducidos y una retahíla de pequeñas corruptelas que retrata a buena parte de los escalafones intermedios de la administración, donde un papel de un jefe de servicio puede valer a veces muchísimo dinero. Tanto como para acabar camino de los tribunales.

La instrucción de la jueza María Jesús García García ha sido ejemplar en cuanto a discreción y rigor. A ella le ha tocado rematar un trabajo que se remonta a tres años atrás. Choca esa diligencia y la perfecta estructura de la investigación con las reiteraciones, cruces de datos y otras ocurrencias de otros sumarios donde se sospecha de delitos similares, aunque de cantidades económicas mucho más ridículas, y que parecen mucho más pensadas para el espectáculo de masas que para el esclarecimiento de los casos, como ha quedado de manifiesto con las sucesivas anulaciones de procesos por errores en la fase de instrucción impropios de personas de cierto recorrido en el mundo judicial.

Un pozo sin fondo. El dinero de los cursos de formación se ha mostrado como un pozo sin fondo en el que cualquier arribista puede meter la cuchara. El caso de Gerardo Crespo y Eliseo Calviño, supuestos cabecillas de la trama coruñesa, es idéntico a la que nos muestra, por ejemplo, el caso de los ERE de Andalucía. Desde la cercanía al poder, algunos se aprovechan de las debilidades del sistema para sacar la máxima tajada posible. Y ello a costa de un dinero que debería servir para facilitar la inserción laboral de miles de personas afectadas por ese gran problema social que es el paro, la mayor herramienta de desigualdad del siglo XXI. La organización de los supuestos cabecillas de la trama no es nueva. Ha ocurrido en otros lugares, como Cataluña, y la Administración sigue siendo un queso gruyer en el que cualquier oportunista aprovecha para sacar su tajada ante la inoperancia de los sistemas de control. O, lo que es peor, la ineficacia de los métodos de supervisión y vigilancia.

Los derechos de los delincuentes. Y esa falta de control es general en muchos ámbitos de la vida. El pasado fin de semana, la ola de atracos vivió un repunte escalofriante. Y eso, apenas dos semanas después de que los jueces dejaran en libertad a nueve de los doce integrantes de una de las bandas del Este que amargaron la vida a cientos de coruñeses durante el pasado verano. El Cuerpo Nacional de Policía ha reestructurado sus unidades y, aunque los medios no son nunca suficientes, ha destinado más agentes a luchar contra los robos en domicilios. El problema llega cuando muchos de los detenidos se plantan ante los jueces y salen en libertad sin que ni siquiera se autorice la toma de una muestra de su ADN. Si el castigo a los que se pilla con las manos en la masa, reincidentes en su mayoría, es un par de días en el calabozo, no resulta descabellado pensar en el efecto llamada de quienes encuentran en apropiarse de lo ajeno una manera más que confortable de vivir.

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