Se cae a pedazos mientras las administraciones pleitean por sus ruinas. La antigua cárcel provincial, un edificio de características urbanísticas poco lustrosas, pero emplazado en un entorno paradisíaco, al pie de la Torre, tiene muchos pretendientes, pero su actual titular, el Ministerio de Interior, solo piensa en la dote, junto con el padrino de la parcela, el Ministerio de Hacienda, que no quiere renunciar a la parte de las amortizaciones que le corresponden en la operación.
El edificio quedó sin uso en el 2010, cuando entró en funcionamiento el Centro de Inserción Social Carmela Arias y Díaz de Rábago. Antes, el grueso de su actividad ya se había trasladado a Teixeiro y su solar era codiciado por vecinos, políticos y colectivos varios. Al exministro César Antonio Molina no le dio tiempo a poner en marcha su gran sueño de crear un gran centro museístico sobre la Torre y los faros que complementara la oferta del monumento patrimonio de la humanidad. Al entonces alcalde, Javier Losada, le tocó lidiar con un socio de gobierno, el BNG, donde las diferentes sensibilidades de sus concejales no encajaban con las propuestas de Molina ni con las posibilidades reales de las arcas municipales.
Definir el modelo. A Carlos Negreira y a su concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, les ha tocado lidiar con un lustro de olvidos. El problema que se han encontrado ahora es que, mientras la vieja cárcel se cae a pedazos, Interior y Hacienda solo piensan en hacer caja con la retrocesión de un inmueble que ya es de la ciudad y que volverá a ser propiedad de todos los coruñeses en un pésimo estado. Harían bien los responsables municipales en aplicar todas las armas legales a su alcance para recuperar cuanto antes el edificio, pero, al mismo tiempo, obligar al Gobierno central a que cumpla con el mantenimiento del inmueble. Y, al mismo tiempo, diseñar ya el futuro del complejo, para no alargar la agonía de la vieja cárcel, que se muere olvidada entre la montaña de papel de la burocracia.
Festival de manifestaciones. La cercanía de un proceso electoral como el de las europeas provoca que el número de manifestaciones se multiplique sin motivo aparente. Así, esta semana hemos tenido concentraciones de contenido laboral, una marcha contra los recortes, una concentración contra las obras de la Marina y otra contra la corrupción. Las dos últimas no llegaron a sumar conjuntamente un centenar de personas, a pesar de estar promovidas por algún aspirante a agitador de masas ansioso por ocupar un puesto en alguna lista electoral, independientemente del color y las siglas de la misma. El efecto llamada de las protestas se diluye así entre un sinfín de convocatorias en las que prevalece el interés partidario por encima de las preocupaciones de los ciudadanos. Y la desafección entre los supuestos líderes sociales y sus supuestos seguidores se refleja en reuniones con un volumen de asistentes que cabría en una cafetería.
crónicas desde la torre