Analizando el sector de transporte de mercancías, el incremento de los peajes, los incrementos de los carburantes en el tope máximo del impuesto autonómico que tenemos que financiar, la ausencia de medidas reguladoras y de protección al sector reclamadas al Gobierno, no es fácil ser optimista.
Los peajes en la AP-9 desde el 2003 se incrementaron en un 57 % por encima del IPC, y a pesar de la importante reducción de usuarios, esto le supuso a Audasa, a junio del 2013, unos ingresos de más de 1.434 millones de euros.
Esta acción de encarecer los peajes de forma abusiva con el visto bueno de la Administración y la tolerancia de la Comisión Nacional de la Competencia constituye, en nuestra opinión, una agresión a los intereses de los ciudadanos y una ilegalidad prevista en la Ley de la Competencia.
Asimismo, nos vemos en la obligación de dar nuestra opinión también en relación al Gobierno de la Xunta y su interés por reclamar las competencias de la AP-9.
Si no nos falla la memoria, el actual Gobierno de la Xunta es el sucesor o heredero de aquel Gobierno que en su día convirtió la autovía A Coruña-Carballo, financiada con fondos públicos, en autopista de peaje.
Los incrementos de las tarifas en las autopistas de competencia de la Xunta son similares a los de competencia estatal y por otro lado son gobiernos del mismo perfil ideológico, lo que siguiendo un procedimiento de coherencia, no deja de ser curioso, ya que no detectamos la ventaja como usuarios aunque compartamos la necesidad de dotarnos de esa competencia independientemente de quien nos gobierne.
Refiriéndonos al incremento que sufren los carburantes en Galicia desde el 1 de enero, hay que decir que el presidente de la Xunta convocó al sector de transporte de mercancías por carretera, hace aproximadamente un año, en el que se comprometía a mantener el impuesto de hidrocarburos en 0,0012 euros/litro, y ante la reclamación de devolución por parte del transporte profesional manifestó que esta devolución supondría para el resto de la ciudadanía, incrementar el impuesto. Por esa razón el sector no insistió en su devolución.
Justo un año más tarde, nos anuncian el incremento en el tramo máximo, es decir 0.048 euros/litro, incumpliendo por tanto el compromiso adquirido. Esta decisión parece poco meditada, si tomamos como referencia lo sucedido en otras comunidades.
Refiriéndonos a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, que entró en vigor el 25 de julio pasado, y haciendo un seguimiento de las ventajas que para el sector iba a suponer esta ley, según los vaticinios del Gobierno, a día de hoy y transcurridos ya 6 meses, los brotes que se detectan, están bastante lejos de ser verdes y los que percibimos coinciden más con el negro del chapapote.
El transporte sufre la indefensión de un Gobierno que en su día no atendió a las reivindicaciones del sector e impuso su rodillo parlamentario desoyendo las constantes peticiones de ayuda que el mismo reclamaba, basadas en criterios ya establecidos en países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Bélgica, referidos a costes y cumplimiento de Ley de Morosidad, fundamentalmente.
La consecuencia de todo esto es que cerca de 104.000 camiones están fuera de la circulación en España desde el año 2007 y centenares de miles de familias en la más absoluta miseria.