Cuando contemplamos las pirámides de Egipto no solemos acordarnos de los sufrimientos y trabajos que debió de conllevar su construcción. Nuestra imaginación vuela y nos identificamos con el faraón o el arquitecto, pero no con el sacrificado carretillero deslomado que transportaba la piedra o el preocupado agricultor que la grandiosidad de la morada eterna del faraón en poco le beneficiaba.
Aunque el común de los mortales escasamente se beneficiaría de tales obras, es muy probable que se sintieran orgullosos hacia tan magníficas e inútiles inversiones. En nuestro pasado más reciente parece que la historia se ha vuelto a repetir. Pero en este caso, no ha sido por la voluntad déspota de un rey, sino por la voluntad democrática de quienes han sido elegidos por el voto delegado del pueblo.
La sociedad está ávida de responsables sobre los que descargar sus remordimientos. Mientras tanto, nadie desea que la patata caliente de la culpa caiga sobre su tejado. Ahora que el gasto público se ha materializado en un conjunto de llamativas y poco o nada operativas inversiones ¿cuál es la solución? No parece fácil. Mientras tanto, el fantasma de su conservación ha comenzado a rugir.
Las causas de lo acontecido son muchas y muy variadas. Sin embargo, detrás de todo ello subyace una disyuntiva sencilla pero de gran calado institucional y político. Podemos optar por invertir en muchos proyectos, que solucionen problemas reales y conlleven un beneficio tangible para el conjunto de los ciudadanos o seguir apostando por grandes y costosas obras mediáticas, de utilidad muy cuestionable y con un inevitable y elevado mantenimiento.
La inocencia de los niños les lleva a realizar preguntas embarazosas. Si les explicáramos esta situación seguramente nos sonrojarían preguntándonos... ¿pero de quién es lo público?