El tradicionalmente apacible fin de año en el plano político ha saltado por los aires. El pasado sábado, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera acudieron a los domicilios de cuatro funcionarios para darles las primeras citaciones como imputados. El jueves por la mañana, justo después de Navidad, volvieron para hacer lo propio con otros dos concejales, dos asesores y cuatro funcionarios más, uno de ellos jubilado. Todos ellos prestarán declaración a partir del próximo viernes en un rosario que se extenderá hasta después de Reyes. Por el momento, no hay más que la sombra de la duda. Si hace un año estaban bajo la lupa de la jueza Pilar de Lara las adjudicaciones al grupo Vendex de los servicios de la ORA y la grúa, en esta rama desgajada del sumario principal de la Pokémon, bautizada con el nombre de Pikachu, parece que poco tiene que ver con esos expedientes.
Entre los ahora imputados no hay ninguno que tenga una relación directa con los servicios de la grúa y la ORA. Según las sospechas que se manejan en el entorno de la plaza de María Pita, las dudas de la jueza se ciernen sobre varios expedientes de contratación en el Coliseo, a través del IMCE, y, sobre todo, en la contratación de personal afín en áreas como el Ágora o la Casa de los Peces, que la investigación tipifica como prevaricación, tráfico de influencias e incluso información privilegiada.
¿Serán los últimos? Cuatrocientos días de investigación después y un centenar de imputados en la nómina de la jueza De Lara, en los corrillos municipales se da por hecho que el baile de acusaciones y sospechas no ha hecho más que empezar. Vendex tenía en A Coruña el grueso de su negocio en Galicia y siempre hubo rumores sobre la llegada de los brazos de la Pokémon a los pies de la torre de Hércules. El actual gobierno local ha reducido su vinculación con esas empresas a través de nuevos concursos, pero, aun así, le quedan casi cuatro millones de euros anuales en distintas prestaciones: vigilancias, limpieza...
Sin dimisiones. Las últimas experiencias en los juzgados de anteriores imputados de cierto relumbrón, como el popular Pablo Cobián o el socialista José Blanco, han aliviado la presión política sobre el caso. Ni unos ni otros se han pedido las tradicionales dimisiones, palabra que solo ha invocado, con nulo éxito, un BNG que, por el momento, ha quedado fuera de las investigaciones de la jueza de Lugo. Hasta el siempre beligerante presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se ha mostrado comprensivo con los imputados de A Coruña apelando precisamente a esas experiencias previas. Queda por ver ahora cómo afectarán estas medidas al desarrollo del gobierno local. El 2014 es un año preelectoral y son muchos los funcionarios que en voz baja admiten su temor a que cualquier comportamiento pueda ser considerado denunciable y con pena de paseíllo mediático. La presunción de inocencia, en estos casos, queda en el aire. Y eso tampoco es justicia.
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