La crisis de Nostián divide al Consorcio As Mariñas

Elena Silveira / Xosé V. Gago A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

Su basura aún va a Sogama y el ERTE en la planta continúa

13 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

El pleno del Consorcio As Mariñas acordó por unanimidad «iniciar conversaciones con el Ayuntamiento de A Coruña sobre el futuro de la planta» de Nostián. Aunque la sesión se convocó con la intención de tomar medidas más contundente, las posturas enfrentadas de los nueve alcaldes que forman parte del ente las frenaron y al final se designó al presidente del Consorcio, José Antonio Santiso, como interlocutor con el alcalde coruñés Carlos Negreira.

La intención de las reuniones será plantear «propuestas sobre aspectos de la gestión de Nostián para lograr una solución para la planta». Mientras, desde el Consorcio confirmaron que los ayuntamientos del área seguirán enviando la basura a la planta de Sogama, en Cerceda, «a falta de que se resuelvan cuestiones técnicas para retornar a Nostián». Esa decisión deja vía libre al ERTE que ya ha iniciado Albada y está en trámite.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, recordó que hay un contrato «que Albada non cumpre e non xustifica» y, a pesar de ello, «pretende cobrar máis». Fue más allá y aseguró que los gestores «no funcionan» ya que no se hace compost y se recicla lo mínimo. «Todo está ao revés. Aquí hai intereses ocultos que non tardaremos en ver, porque todo está relacionado co futuro do porto exterior, todo o que aí daría unha rendibilidade que non é para a planta».

Además, Santiso y la vicepresidenta del Consorcio, Alejandra Pérez Máquez, recibieron al presidente del comité de empresa de Albada y a representantes sindicales de CIG y UGT. Ambos escucharon a los portavoces, que les pidieron que trasladaran al Consorcio supuestas irregularidades sobre la planta.

El alcalde, Carlos Negreira, culpó al bipartito de dañar la viabilidad de la planta al «aprobar pagar más por reciclar menos». El regidor afirmó que la empresa «había ofertado reciclar el 65 %, pero durante 11 años se produjo un incumplimiento continuado y antes de marcharse el bipartito lo legalizó rebajando el porcentaje de basura a reciclar al 45 %, además de reconocer a la firma una deuda de 33 millones y la posibilidad de reclamar 20 más». El PSOE acusó al alcalde de «intentar desviar la atención de los problemas actuales».