El plazo termina hoy, pero el Gobierno gallego dice que hay que esperar antes de aplicar la sanción por si entra por correo
11 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas todavía no ha recibido alegaciones por parte de Autoestradas de Galicia después de que la Xunta la hubiese sancionado por no mantener cobradores en las cabinas de peaje de la AG-?55 y la AG-57 durante las 24 horas. El plazo de alegaciones finaliza hoy, pero el Gobierno gallego explica que habrá que esperar unos días por si todavía entra por correo ordinario. En caso contrario, se aplicará directamente la sanción de 1.200 euros al día por las autopistas en las que no se mantienen cobradores las 24 horas al día.
Hace unas semanas, usuarios de la AG-55, la autopista a Carballo, denunciaron que la concesionaria del servicio seguía sin poner cobradores en servicio nocturno y obligaba a los conductores a pasar por la cabina de peaje automático. Pero testigos presenciales comprobaron que la madrugada de ayer había una trabajadora cobrando a los usuarios manualmente en sentido a Carballo.
Autoestradas de Galicia deberá pagar al Gobierno gallego 1.200 euros al día mientras no reponga la presencia de cobradores las 24 horas. Debe colocar al menos uno en cada sentido de circulación en los peajes de la AG-55 y en la AG-57, la autopista que une Vigo con Baiona.
La Xunta advirtió en los últimos meses a la concesionaria -que pertenece al grupo Itinere, como Audasa- de que la ley le obliga a tener cobradores en todas los peajes de las autopistas que son titularidad de la Xunta. El propio conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, manifestó públicamente estar «preocupado por la actitud de la empresa» tras confirmar la reducción de personal en el peaje de Pastoriza.
Desde el primer momento en el que el Gobierno gallego tuvo conocimiento de la reducción de personal nocturno, abrió una investigación y le remitió un escrito a Autoestradas para que repusiese este tipo de servicio. La Xunta mostró su sorpresa al no recibir respuesta de la adjudicataria por lo que ya anunció hace más de quince días que tomaría medidas. «Es un desprecio a la Xunta, y aún mayor al ciudadano, cambiar unilateralmente las condiciones de uso de una infraestructura cuyo dueño es la Administración obligando al usuario a hacer frente a los gastos o quedar desasistido ante cualquier problema», dijo Hernández.