Someso, o cómo perder 40 millones

El informe municipal sobre la gestión del polígono desvela numerosas irregularidades


A Coruña / La Voz

Se conoce como caso Relámpago a las presuntas irregularidades en el trámite de la urbanización de Someso. Esa gestión ha sido objeto de una investigación interna en el Ayuntamiento que el gobierno local del PP envió el mes pasado a la Fiscalía a instancia de los servicios jurídicos municipales. El asunto arranca en 1987, con un convenio entre el Ayuntamiento y la Xunta para construir los accesos al polígono de Pocomaco. Estos son sus principales puntos, todos los entrecomillados proceden del documento.

Adquisición de Parcelas

El campo del Relámpago F. C. estaba entre los terrenos afectados por los accesos. Los vecinos protestaron y exigieron que se construyese uno nuevo. Incluso rechazaron la ocupación de las fincas. Para evitarlo, el alcalde Francisco Vázquez, decidió adquirir «todos los terrenos afectados (...) al precio que pedían los propietarios». El proceso comenzó por una providencia de alcaldía del 12 de abril de 1989.

Un funcionario de Patrimonio, M.?Q., se trasladó a la zona y compró fincas «a todo el que quisiera vender y por los metros que ofertara, con independencia de lo que determinaba el proyecto». Así, entre 1989 y 1990 se compraron 69 fincas que tenían 44.673 metros cuadrados. La Xunta solo utilizó 11.200 para construir los accesos a Pocomaco, por lo que 33.382 quedaron en manos del Ayuntamiento.

Las compras se hicieron «sin acudir a los compradores registrales», «no se elevaron a escritura pública ni se inscribieron en el Registro de la Propiedad». Tampoco fueron inventariadas y cuando hubo que localizarlas fue el propio M.?Q. el que las «identificó verbalmente».

La Junta de compensación

El PGOM de 1998 situaba el sector 7, que incluía las fincas compradas por el Ayuntamiento, en la categoría de suelos urbanizables programados. Así, el 15 de enero del 2002 se constituyó la junta de compensación, a la que el Ayuntamiento aportó sus fincas «aunque no consta resolución en la que se relacionen» esas propiedades. Pero de los 33.382 metros cuadrados que tiene allí el Ayuntamiento, en el proyecto de compensación solo se le reconocen 23.884. El resto, concluye el documento, fueron «aportadas por otros propietarios». El informe «destaca la participación» en ese proceso de «Inversora Obelisco, Construcciones Fontenla y Urbanizadora Inmobiliaria Gallega». Advierte que las fincas fueron «transmitidas varias veces en pocos años», dándose «bastantes casos de compraventas» entre esas tres empresas, vinculadas a la misma familia, lo que «hace difícil seguir su rastro».

El 21 de octubre del 2004, el presidente de la junta, Antonio Fontenla, pide al Ayuntamiento que venda a ese organismo sus derechos en el sector. No se había cerrado el proyecto de compensación, pero la junta de gobierno local aprueba el 9 de noviembre un acuerdo de venta que «incumple todos los requisitos establecidos».

El documento destaca «otras circunstancias» de ese proceso: desde no incluir el aprovechamiento del Ayuntamiento en parcelas, a pagar gastos de urbanización que no le correspondían o «incumplir» convenios de permuta con propietarios.

Solicitudes de reversión

Comienzan a presentarse en el 2004 y el informe rechaza que sean posibles. Concluye que las fincas adquiridas lo fueron por compraventa, y no por expropiación, lo que impediría la reversión. En algunos documentos figura que sí se produjeron expropiaciones, como en un certificado del secretario municipal, pero ese informe está firmado por otro funcionario y, por lo tanto, carece de valor real.

Las irregularidades

El informe incluye un listado en el que se incluye un proceso de adquisición de parcelas «sin respetar las condiciones legales», «incumplimiento sistemático de las obligaciones con respecto al patrimonio municipal», «procedimientos inadecuados» para su venta, numerosos errores administrativos... En el caso de las indemnizaciones, «inactividad del Ayuntamiento durante dos o tres años» para pagarlas, con la consiguiente carga de intereses, «inadecuada defensa de los intereses del Ayuntamiento», al no recurrir las sentencias, incluso «dobles ventas» de parcelas al Ayuntamiento. En resumen, «diversas ilegalidades y negligencias con resultado grave». Sin embargo, el documento rechaza que se puedan «individualizar responsabilidades» y atribuye lo ocurrido a «mala organización y gestión ineficiente».

Las Consecuencias

El informe calcula que las pérdidas ya llegan a 27 millones por los siguientes movimientos. La pérdida de 9.400 metros cuadrados presentados por otros propietarios, 7,8 millones; la interpretación «errónea» del convenio con la familia Yordi Catoira, 7 millones; el pago del IVA de ese convenio, 740.000 euros; la «transformación» de residencial libre del Ayuntamiento en metros de vivienda protegida, 1,1 millones; interpretación errónea del contrato con los Herederos Bermúdez Pan, 2,44 millones.

A esas cantidades hay que sumar 8,2 millones en indemnizaciones por solicitudes de reversión, que podrían aumentar hasta rozar los 20 millones. De esa forma, en conjunto, toda la operación podría costar unos 40 millones al Ayuntamiento.

Análisis El caso Relámpago

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