La de Victoria Mesa es la cuarta muerte vinculada a un desalojo de vivienda en el último mes y medio. La alarma social se disparó el pasado 25 de octubre, cuando un hombre de 53 años, José Miguel Domingo, propietario de un pequeño quiosco en Granada, fue encontrado ahorcado en su vivienda de la que iba a ser desahuciado ese día. Había solicitado una hipoteca de 240.000 euros en el 2007 y dos años después el banco lo denunció por impago. La comisión que iba a desalojarlo llegó minutos después de que uno de sus hermanos avisara del suicidio a la Policía. Otra hermana aseguró días después que la entidad financiera que había ejecutado la hipoteca la tanteó para venderle el piso.
Al día siguiente, un hombre de 53 años que llevaba en paro cuatro años se lanzó por la ventana de su casa en Burjasot (Valencia) cuando iba a ser desalojado, resultando herido.
El 9 de noviembre, Amaia Egaña, de 53 años y exedil socialista en Eíbar, se suicidó saltando al vacío minutos antes de que una comisión judicial ejecutara el desahucio de su vivienda en Baracaldo. Amaia había ocultado a su marido la deuda que la familia mantenía con el banco, algo más de 213.000 euros, y tampoco había recurrido a la ayuda de los colectivos de afectados.
Apenas nueve días después, en Santesteban (Navarra), Manuel Reguera, un parado de 59 años, que arrastraba meses de impago del alquiler se suicidó el día que se cumplía el plazo para su desalojo. Su deuda: 4.200 euros.