Más de una década de batallas judiciales en todos los frentes no han liberado a los más de cien propietarios privados del edificio Conde de Fenosa de la peor de las pesadillas que sufren desde que un juez decretase la ilegalidad del aprovechamiento urbanístico de la parcela y ordenase la demolición parcial para su reposición inmediata.
Desde entonces, los diferentes partidos que han pasado por el gobierno local, el bipartito PSOE-BNG en primera instancia y en los últimos 17 meses el PP, han intentado más estratagemas que un entrenador de equipo pequeño de fútbol ante un grande para frenar el paso arrollador de la piqueta. Ha habido de todo: cambios del planeamiento urbanístico, peticiones de gracia, modificaciones del articulado de distintas ordenanzas municipales, apelaciones al sentido común de los demandantes, reclamaciones a la empresa constructora, demandas de la constitución de una comisión de investigación capaz de depurar responsabilidades políticas... Todo ha quedado en agua de borrajas y la pelota sigue en el mismo sitio, en el juzgado.
El Ayuntamiento intenta ahora en la prórroga intentar salvar los muebles de una decisión que supondría un grave quebranto para las arcas municipales, de unos sesenta millones de euros, según los cálculos más ventajosos. El cambio de estrategia judicial pretende resolver un problema grave, pero lo más importante es que debe servir como punto y final para las desfeitas urbanísticas y marcar un punto de inflexión en el desarrollo de la ciudad. Tampoco estaría de más esclarecer de alguna manera las responsabilidades políticas pendientes, no solo en este caso, sino en otros muchos, tanto en A Coruña como en el resto de Galicia y España. No es de recibo que más de cien familias lleven casi un lustro pendientes de saber cuál será el impacto de la ilegalidad en sus propiedades, el daño moral sufrido y la imposibilidad de poder transmitir mediante venta el inmueble por las anotaciones incluidas en el Registro de la Propiedad. Ojalá se deje de mirar de una vez hacia otro lado. Ese será el verdadero estallido definitivo de la burbuja inmobiliaria.
Otro gran paso para el Museo Picasso. El gobierno local anunció el viernes la remodelación de la planta baja en la que residió el genial pintor malagueño Pablo Picasso en la ciudad. Es un local de reducidas dimensiones y coste asequible, pero que permitirá dar un salto muy importante a una de las grandes riquezas patrimoniales de la ciudad: la presencia en A Coruña del más genial pintor del siglo XX. El trabajo de musealización y la preparación de nuevos actos de difusión de esa casa museo servirán para generar un nuevo polo de atracción turística que mejore el prestigio de la ciudad como destino de ocio cultural, el segmento que más beneficios genera a la hostelería y hoteles.
Qué difícil es cumplir la ley
La semana ha estado marcada por la ofensiva, coordinada al fin, del Ayuntamiento, la Policía Nacional y la Xunta contra uno de los principales focos de malestar de los vecinos del cruce de la ronda de Outeiro y la avenida de Finisterre, en cuyo entorno se suceden algunos de los episodios más desagradables de la noche coruñesa.
No ha sido fácil, pero tras muchos años de incontables denuncias vecinales, de pugnas sobre la responsabilidad definitiva y un sinfín de denuncias, tres locales han sido cerrados provisionalmente por la acumulación de irregularidades pendientes de solución.
Mientras que a un particular se le aplica la legislación vigente en el primer suspiro del incumplimiento, surgen por doquier especialistas en bordear la ley, infringirla a veces y salir indemnes de los diferentes castigos, aun a costa del perjuicio a cientos de vecinos de su entorno.
Ojalá la colaboración mostrada en este caso por todos los organismos implicados sirva para muchos otros casos pendientes en la ciudad. Como en el caso del Conde de Fenosa, escudarse detrás del hecho de que las competencias principales son de otros, no sirve. Los vecinos piden soluciones.