El plan de austeridad mejorará las cuentas locales pero a costa de mermar la calidad de los servicios
23 jul 2012 . Actualizado a las 07:01 h.No ha sido un año fácil para Culleredo y, con la crisis como telón de fondo, los próximos tres años de mandato tampoco se vislumbran muy halagüeños. De hecho, Culleredo es el concello del área coruñesa que ha tenido que tomar las decisiones económicas más radicales. El plan de austeridad elaborado por el gobierno local le ha llevado a revisar los contratos municipales, a reducir partidas de gastos, a reordenar departamentos en los edificios municipales buscando la eficiencia económica e, incluso, a sustituir un encuentro tan tradicional como la Festa da Familia en Acea de Ama por otro menos costoso.
Gracias al crédito ICO de 2,1 millones de euros suscrito el pasado mes de mayo, Culleredo puede afrontar el pago a proveedores por una deuda de más de 3,2 millones de euros. Y en medio de la difícil coyuntura económica el gobierno local ha sabido encontrar nuevas fuentes de financiación. Así, a pesar de las polémicas que generan, el paseo marítimo de O Burgo acoge fiestas que reportan ingresos para los hosteleros y para el Ayuntamiento.
Por otro lado, se ha puesto en marcha con notable éxito iniciativas como el aparcamiento exprés o, en el ámbito de la educación, se ha iniciado el proceso de expropiación para un nuevo colegio en Vilaboa y se ha finalizado la descontaminación y rehabilitación de la estructura de La Cros.
En cuanto a la situación política, el escenario que surgió de las últimas elecciones municipales es muy similar al del anterior mandato ya que PSOE y BNG reeditaron el pacto de gobierno. No obstante, el desgaste de casi 30 años al frente del Ayuntamiento estuvo a punto de pasarle factura a Julio Sacristán: el PSOE perdió un concejal y a punto estuvo a punto de no lograr revalidar la alcaldía. En la oposición, APdC le quitó votos a los socialistas y el PP, con un nuevo cabeza de lista y nuevos objetivos, mantuvo el tipo.
Avance imparable de Alvedro
Aunque con líneas políticas diferentes, los dos grupos de la oposición hacen un estrecho marcaje a las decisiones del gobierno local. Así, tanto PP como APdC denunciaron las supuestas ilegalidades que se estaban cometiendo en el monte Costa, unos terrenos propiedad de la Diputación que tendrían que destinarse a espacios públicos y que están ocupados por la actividad de una empresa privada. El problema, todavía sin resolver, podría retrasar los trabajos de ampliación de Alvedro, las grandes obras que «sufre» Culleredo y de las que también se beneficia sin tener aprobado todavía el PGOM.