El funcionario muncipal cuestionó el año pasado la legalidad de facturas por importe de 6,14 millones, una cifra que supera en un 80 % los pagos que puso en duda en el 2010
23 jul 2012 . Actualizado a las 07:03 h.El interventor general del Ayuntamiento presentó durante el año pasado 165 reparos, informes en los que cuestiona la legalidad del pago de otras tantas facturas, cuyo importe conjunto supera los 6,14 millones de euros. En esos documentos, el funcionario municipal que fiscaliza todos los gastos de la administración local advierte de posibles defectos de forma en el reconocimiento de las deudas con proveedores o contratistas o arroja dudas de si el procedimiento seguido para el pago se ajusta al establecido en la ley.
El documento del interventor, que acompaña a la cuenta general del Ayuntamiento del 2011, recoge todos los pagos a los que el interventor formuló reparos de legalidad y que, independientemente de esa tacha, tuvieron que ser abonados, ya que la jurisprudencia determina que no se puede hacer recaer sobre terceros (en este caso las empresas que trabajan para la Administración) el peso de las malas prácticas en la gestión de los recursos públicos.
En un año marcado por el cambio de gobierno en María Pita, en el que el bipartito de socialistas y nacionalistas gobernó desde enero hasta mediados de junio y los populares en el segundo semestre, los peros del interventor se incrementaron en un 23 %, ya que en el 2010 puso en tela de juicio la legalidad del pago de 134 facturas, 31 menos que el año pasado. Más notable es el incremento si se mira el importe total de los abonos cuestionados, un 80,6 % más elevado en el 2011, al pasar de 3,4 a 6,1 millones de euros.
Aunque los informes con los reparos del interventor se extienden tanto al período de gobierno del bipartito como al de los populares, las facturas cuestionadas de mayor cuantía corresponden a obras ejecutadas por el anterior gobierno local. Es el caso, por ejemplo, de la urbanización del parque de Oza, un proyecto cuya modificación acabó generando a las arcas municipales un sobrecoste de 792.816 euros. Pero hay más, como los cambios acometidos en la plaza de Pontevedra (con una reforma de un proyecto inicial ya reformado y de otro complementario, que ascendió a 488.578 euros), la conexión entre el Ventorrillo y el grupo de viviendas de Mariñeiros (184.305 euros), la reforma de la plaza de As Lagoas (149.433 euros) o la musealización de la muralla de Puerta Real.
Reconocimiento de la deuda
En estos cinco proyectos, el interventor formuló reparos de legalidad por entender que los respectivos proyectos habían sido modificados de mutuo acuerdo entre el gobierno local y la empresa contratista de los trabajos, incrementando los presupuestos iniciales sin seguir los cauces reglamentarios.
Pese a las críticas, tras comprobar que los trabajos se habían ejecutado correctamente, el interventor permitió el abono de las obras a los contratistas, para lo cual el actual gobierno local tuvo que levantar los reparos presentados por el funcionario municipal y asumir las facturas mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito, figura que los populares habían criticado con dureza en la oposición.