Con la prima de riesgo disparada y lo que queda de la Unión Europea -o sea, Merkozy- presionando a Rajoy para que apriete aun más en los asfixiantes recortes, está claro que el Gobierno va a meter la tijera también en sanidad o educación, por mucho que haya pregonado hasta hace apenas un par de días en que jamás iría por ahí.
En ese marco, que el ministro De Guindos, horas después de anunciar que las reformas -es decir, los recortes- afectarán también a esas dos áreas, descarte abiertamente el copago es un paso no desdeñable. Más aun, si propone como alternativa una aportación progresiva en función de la renta, sugiriendo que la asistencia sanitaria podría dejar de ser gratuita para quienes ganen más de 100.000 euros al año.
Hablar de progresividad en la aportación al sostenimiento del Estado siempre suena bien. Claro que, en este caso, esa progresividad debería estar ya garantizada a través de los impuestos con los que se financia la sanidad. O, dicho de otro modo, podría conseguirse garantizando o incrementando esa progresividad en el pago de los impuestos, para que esa aportación llegue de todos los ricos y no solo de los ricos enfermos.
Y, lo que es aun más importante, habría que garantizar que ese mayor esfuerzo se exija a todos los que realmente ganan más de esa cantidad al año y no solo a los que declaran esos ingresos. De lo contrario, todo apunta a que quienes seguirán soportando el mayor sacrificio serán los de ingresos controlados, es decir, los asalariados, mientras a los que defraudan se les ofrecen vías cómodas y baratas para que tengan a bien aportar algo al gran esfuerzo común.