El interventor municipal cuestionó la legalidad de más de un centenar de pagos aprobados durante el 2010
20 ago 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El interventor general del Ayuntamiento presentó, solo durante el año pasado, 134 informes en los que dudaba de la legalidad del pago de otras tantas facturas cuyo importe conjunto supera los 3,4 millones de euros y que, a juicio del funcionario que fiscaliza todos los gastos de la administración local, presentan defectos de forma o no se ajustan al procedimiento establecido.
En el documento, que acompaña a la cuenta general del 2010, se recogen todos los pagos a los que el interventor formuló reparos de legalidad y que, independientemente de ese cuestionamiento, tendrán que ser abonados, puesto que la jurisprudencia determina que no se puede hacer caer sobre los proveedores o contratistas el peso de la mala praxis en la gestión de los recursos públicos, con independencia de las responsabilidades que se le pudiesen exigir a los responsables.
Y es que si el interventor deja claro en sus informes anteriores, como en el que acompañaba al modificativo de crédito, que los reconocimientos de facturas deben limitarse a gastos de carácter imprevisto y urgente, entre las facturas cuestionadas durante el 2010 aparecen algunas relacionadas con servicios básicos, como los seis recibos girados por el suministro de combustible al parque móvil en el 2010 y que, en conjunto, suman más de 170.000 euros, o a 11.811 euros abonados por su limpieza.
El interventor duda también de la legalidad de las facturas remitidas en concepto de limpieza de los aseos públicos de la ciudad, por valor de 193.000 euros, o la de los 625.876 euros que se abonaron para poner en marcha el nuevo sistema de telecomunicaciones de la Policía Local, en concreto en lo referido a suministro de equipos, instalación del nuevo centro de mando y adaptación de las infraestructuras de comunicación.
70 millones pendientes de cobro
La documentación de la cuenta general recoge también que, a 31 de diciembre del 2010, los derechos pendientes de cobro por parte del Ayuntamiento ascendían a 70 millones, de los que 59 se consideran de dudoso cobro. El año pasado solo se consiguió recaudar un 9,23% del saldo pendiente total, mientras que 2,6 millones se consideraron fallidos por agotar sin éxito todo el procedimiento para el cobro por la vía ejecutiva y 114.797 euros prescribieron sin poder ser ejecutados.
Entre los derechos recaudables, algunos se remontan al presupuesto del 2002, del que quedan pendientes 1,7 millones en cuotas de urbanización.
El BNG critica la «demagoxia»
Mientras, el grupo municipal del BNG acusó ayer al PP de «demagoxia» y subrayó que los 24,3 millones que el Ayuntamiento debe devolver al Estado no computan dentro de la deuda municipal que, aseguran, los populares utilizan para «xustificar recortes».