El magistrado Carlos Lesmes, ponente de las demandas, defendió durante dos horas la no inscripción al entender que el nacimiento de Sortu no es fruto de una verdadera ruptura con ETA y con Batasuna tras un largo debate en los años 2009 y 2010, como sostienen los abogados de la izquierda aberzale.
Lesmes habló de «sucesión fraudulenta» de Batasuna e insistió en la evidencia de que los dirigentes de las formaciones ilegalizadas están detrás de la nueva marca. Negó que su rechazo al terrorismo sea sincero, como argumentó el pasado martes ante la sala Iñigo Iruin, el letrado de la formación y redactor de sus estatutos. Iruin había pedido al tribunal que dejara pasar a Sortu, aunque solo fuera porque su legalización sería una «herramienta fundamental» para el fin de la violencia en el País Vasco, ya que «estrangularía cualquier espacio social y político para su práctica». La sentencia, cuyo contenido íntegro se conocerá en breve, recogerá buena parte de los alegatos que la Abogacía del Estado y la Fiscalía hicieron ante la sala, según juristas conocedores de las deliberaciones. Estos precisaron que los magistrados prevén recoger pruebas presentadas por los servicios antiterroristas de la Policía Nacional y la Guardia Civil incluidas en los informes que sirvieron de base a las demandas de Gobierno y Fiscalía.
El martes, en su alegato final, el abogado del Estado Manuel Rivero había acusado a la nueva marca electoral de ser la «enésima manifestación del tándem ETA-Batasuna», de ser «parte del mismo complejo estratégico» terrorista. El fiscal Antonio Narváez también reclamó la ilegalización porque, dijo, su alejamiento de la violencia es «puramente estratégico y utilitarista», y solo persigue las urnas.
Un día antes, cuando comenzó la vista, expertos de la policía y la Guardia Civil encuadraron la creación de Sortu en la estrategia político-militar de ETA. Un movimiento táctico, detallaron, que pasa por «desactivar temporalmente la violencia terrorista para priorizar la vía política, pero siempre sin descartar la vía militar».
Escepticismo de las fuerzas de seguridad del Estado
«Sortu es una iniciativa de Batasuna para refundarse y relegalizarse», señalaron agentes de Policía Nacional y Guardia Civil ante la Sala del 61. Un proyecto, que, aunque ETA no comparta en su totalidad, sí lo ha bendecido y ha dado su plácet, arguyeron, con el único fin de volver a las instituciones en las elecciones del 22 de mayo.