La Xunta libera a otros cien funcionarios para las elecciones en la Administración
A CORUÑA
La Xunta y los sindicatos han acordado liberar a unos cien trabajadores públicos en el proceso de elecciones sindicales en la Administración autonómica, que se inicia ahora en noviembre y que concluirá, aproximadamente, dentro de un año. Este crecimiento de las liberaciones se produce en un contexto de crisis económica y de llamadas a la austeridad y al recorte del gasto. Y en un momento en el que otras Administraciones, también gobernadas por el PP, han emprendido un proceso de adelgazamiento de este sector, como el llevado a cabo por Esperanza Aguirre en Madrid.
Preguntada al respecto, Función Pública precisa que las liberaciones en un proceso electoral no constituyen nada nuevo. La Xunta recuerda que son fruto de un acuerdo adoptado con UGT, CC.?OO, CIG y CSIF y que el número de trabajadores supone una cantidad entre un 25% y un 29% inferior al de las elecciones de hace cuatro años, iniciadas en el 2006 y concluidas en el 2007. La Xunta asegura, además, que en lo que compete a Función Pública hay solo 60 liberados -15 por cada uno de los sindicatos-, pero fuentes consultadas por este periódico en las centrales revelan que ese dato excluye las liberaciones en el Sergas y en el ámbito educativo.
Según la información recabada por este periódico, el coste de sustituir a los cien liberados sindicales del proceso electoral por otros trabajadores será de unos 100.000 euros mensuales durante un año, lo que supondrá más de un millón de euros. Esta cantidad se sumará a los 7,3 millones que cada año se gasta el Gobierno gallego en reemplazar a los funcionarios liberados. En la Administración autonómica hay ahora 330 personas que cobran su sueldo de la Xunta, pero que desempeñan un trabajo sindical en el sector donde fueron elegidos por sus compañeros.
La sanidad y la enseñanza absorben el 80% de los liberados existentes, mientras que el 20% restante se ubica en los servicios administrativos. El debate relativo al sobrepeso que ha alcanzado este sector, una polémica abierta por Esperanza Aguirre en Madrid en los prolegómenos de la última huelga general, ha suscitado una reacción de las centrales, que ven en estas informaciones una campaña de desprestigio. Las organizaciones sindicales aseguran que el número de liberados está fijado por ley y que, en contra de lo que erróneamente se difunde, el tiempo de ejercicio de esas funciones no es ilimitado, sino que se acota por las elecciones en las que los funcionarios designan a sus representantes.
El acuerdo para liberar a unas cien personas en el proceso de elecciones sindicales que arranca ahora en la Administración ha suscitado críticas internas en algunos sindicatos, que ven en este gasto un despilfarro, mientras la Xunta, apelando a la crisis y a la falta de ingresos, se resiste a convocar nuevas plazas y recorta la cobertura del personal de baja.