Vecinos de Torre Urbis se reúnen con la promotora, la concejala de Urbanismo y los demandantes

Los portavoces de la comunidad de vecinos de Torre Urbis se reunirán hoy con los responsables de la promotora del edificio, Reyal Urbis, y con los abogados del gabinete coruñés que presentó la demanda contra el acuerdo de junta de gobierno local que autorizó la licencia para modificar el proyecto y construir tres sótanos en vez de los seis previstos inicialmente. Además, los representantes vecinales se reunirán mañana con la concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, a la que pedirán que aclare la situación legal y urbanística en la que ahora mismo se encuentra el inmueble, así como las repercusiones futuras que podría tener la sentencia judicial que anula la licencia urbanística concedida para la reforma del edificio.

La presidenta de la comunidad de vecinos, Isabel Vázquez, confirmó que la mayor preocupación de los propietarios es que sus pisos se devalúen o que se encuentren con dificultades para poder venderlos. De hecho, al haber una sentencia judicial que anula la licencia de construcción los pisos están en una situación irregular y venderlos con cargas legales podría derivar en un delito de estafa. Isabel Vázquez explicó que, en primer lugar, la comunidad de propietarios recogerá toda la información disponible sobre esta sentencia y sus consecuencias y, después de reunirse con todas las partes, se convocará una junta para trasladar esa información a los vecinos. La presidenta de la comunidad se mostró optimista y confiada en que el proceso judicial no derive en la orden de derribo del edificio, tal y como se apuntó en los últimos días. «De momento es pronto para dar una opinión sobre cuál es la situación», explicó.

La empresa Reyal Urbis ya ha remitido a casi todos los vecinos del inmueble una carta explicando su punto de vista sobre la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 que anula la licencia. Explica en esa carta que el fallo, del 14 de julio, les fue notificado dos días después, el 16. Indica que las dotaciones de aparcamientos obligatorios del edificio se llevaron a cabo computando simultáneamente tanto las plazas de los tres sótanos de la parcela privada como las de la parcela colindante, cuyo uso en concesión fue adjudicado a Reyal Urbis en el concurso convocado por el Ayuntamiento. «Y todo ello como consecuencia de lo previsto en el plan parcial del sector S-7 Recinto Ferial», que establecía, según indican, la posibilidad de ubicar en el subsuelo dotacional aparcamientos complementarios, «tal y como posibilita la Ley 11/1997 del Suelo de Galicia». Añaden que la sentencia del juez que anula la licencia se basa en una «interpretación» sobre el carácter excepcional que la posterior Ley 9/2002 exigía para las dotaciones obligatorias de plazas de aparcamiento. De todas formas, según explicaron los letrados que presentaron la demanda, el plan parcial de Someso es del año 2004, dos años después de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, que es la que seguía vigente cuando se concedió la licencia de modificación y no la del 97, que ya estaba derogada.

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