La concejala de Urbanismo asegura que la convocatoria se podría hacer en función de la demanda ciudadana
14 abr 2010 . Actualizado a las 12:05 h.El Partido Popular solicitará que se abra un nuevo plazo de información pública una vez conocido que el documento del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) ha recibido 27.667 alegaciones. La oposición considera que este nuevo período viene exigido por la propia legislación, que indica la necesidad de someter a exposición el plan si se realizan modificaciones sustanciales como garantía de que no se cercena el derecho de los ciudadanos a presentar nuevas reclamaciones una vez introducidos cambios en el ordenamiento.
A juicio del grupo popular, es el propio Ayuntamiento, de oficio, el que debería cumplir este trámite y, de no ser así, considera que la Xunta no dará su visto bueno al planeamiento. Aun en el supuesto de que fuese aprobado, la oposición está dispuesta a recurrir a los tribunales para plantear, vía contencioso-administrativo, la impugnación del plan por eludir un paso que, según su interpretación, es esencial.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, aseguró ayer que técnicamente no es necesario abrir un nuevo período de exposición pública del PGOM, aunque aclaró que el gobierno local no se opone a ello. Indicó que para ello habrá que comprobar los plazo y «si hay una demanda o una necesidad» porque, según añadió, «no hay que olvidar que faltan más alegaciones por mirar y analizar». En este sentido, aseguró que no se sabe por el momento si alguna de las alegaciones que se estime pueda cambiar sustancialmente «los números del plan o la calificación del suelo y haya que entrar en período de información». Aclaró que el gobierno local no va a hacer de este tema una cuestión prioritaria, «pero si hay una demanda de la ciudadanía y si es necesario, la haremos; si no, seguiremos adelante», dijo.
Moción de censura
El concejal Miguel Lorenzo valoró ayer que el número de alegaciones suponen «una moción de censura al gobierno municipal y a este plan, que pretendió la confiscación o expropiación del patrimonio de los coruñeses». Consideró que el ejecutivo local «por la puerta de atrás y con una estrategia de ocultación deplorable» convirtió en norma general una figura, la de fuera de ordenación, que la ley contempla como excepcional. Los anuncios de que se rectificará no son suficientes para el PP, ya que «a día de hoy nadie sabe el alcance del cambio que han prometido ni cómo se va a hacer», de ahí que los populares reclamen no solo que se cambie el texto, sino que se informe sobre los términos en que se hará, se modifique toda la cartografía y planos para reflejar la altura de los inmuebles y «que se garantice a todos los afectados que los edificios construidos legalmente no perderán ni un metro de edificabilidad», recalcó.
Convenios
Además de los cambios «sustanciales» que a juicio del PP deberá reflejar el PGOM para no dejar fuera de ordenación por razón de altura y volumetría las edificaciones, Lorenzo subrayó que desde que se produjo la aprobación inicial del plan el Ayuntamiento ha firmado siete convenios que «no han sido dictaminados por la Xunta» y de los que no se conoce el alcance», un argumento más, apuntó, para abrir un nuevo período de información pública.
«Este tiene que ser el plan del consenso y la participación, no el de la publicidad, y hasta ahora nos han dado grandes fuegos artificiales que no han dejado ver el fondo hasta que el PP destapó los trapicheos», dijo Lorenzo, quien también acusó a la concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, de «tergiversar» los datos sobre alegaciones. «Fueron más de 27.000 pero para ella se quedan en mil, menosprecia las de los ciudadanos de a pie como si fueran de segunda». Lamentó que el alcalde no haya intervenido para aclarar la situación convocando un pleno para explicarlo, «pero no lo hizo, no sé por qué», añadió.