El Tribunal Constitucional de Turquía acordó ayer ilegalizar al principal partido kurdo, el Partido de la Sociedad Democrática (DTP), por considerar que existen vínculos entre esta formación y el ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). La sentencia, que implicará la disolución del partido, ha provocado una escalada de tensión entre el Gobierno de Ankara y esta importante minoría étnica, añadiendo una amenaza más al proceso de paz para acabar con un conflicto que dura ya 25 años.
La prohibición del DTP se ha producido a petición de la Fiscalía, la cual presentó 141 casos que considera pruebas de que esa formación fue fundada a solicitud de Adullah Ocalan, el encarcelado líder kurdo del proscrito PKK. «Como partido no se han distanciado lo suficiente de la violencia», indicó el presidente del tribunal, Hasim Kilic, al comunicar la decisión de los once miembros de la alta corte. Insistió en que «un partido con vínculos con el terrorismo tiene que ser clausurado».
El Constitucional ha considerado probado que existen vínculos entre el DTP y el PKK, una organización considerada terrorista por la UE y EE.?UU. y que desde 1984 se enfrenta a las autoridades de Ankara para lograr la autonomía de los 12 millones de kurdos que viven en Turquía. Además de ilegalizar el partido, que dispone de 21 escaños en el Parlamento turco, el Constitucional también decidió prohibir a 37 miembros de la formación, entre ellos su presidente Ahmet Turk y una diputada, la participación en la actividad política durante cinco años, para impedir así su integración en otras fuerzas.
Kilic explicó que, para tomar su decisión, los magistrados tuvieron en cuenta dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la ilegalización de Batasuna por parte de la Justicia española. El propio Turk reaccionó a la ilegalización y su inhabilitación asegurando que «Turquía vive un período doloroso y esta decisión es desesperanzadora, pero aun así creemos que Turquía algún día alcanzará la paz».
La ilegalización del DTP, al que se confiscarán todos sus bienes, amenaza con dificultar aún más el proceso de paz impulsado por el Gobierno turco para acabar pacíficamente con la cuestión kurda. En los últimos meses, Ankara había movido ficha y anunciado un aumento de los derechos de la minoría kurda e incluso acabado con el estricto aislamiento del fundador del PKK, Adullah Ocalan, que desde hace diez años era el único recluso de una prisión-isla.
Sin embargo, el pasado domingo varias protestas en zonas kurdas por las condiciones de detención del dirigente acabaron en enfrentamientos con la policía, que dejaron un muerto y decenas de heridos. La tensión se disparó el lunes, cuando siete soldados turcos cayeron abatidos en una emboscada cuya autoría se ha atribuido el PKK. El jueves, los medios turcos informaron sobre la muerte de nueve militantes kurdos a manos del Ejército. Ayer mismo, otros tres militares resultaron heridos en combates contra el PKK.
Las iniciativas del Gobierno han sido consideradas como una rendición ante los separatistas por la oposición nacionalista, y el propio Ocalan las calificó de mero «espectáculo». En este escenario, la ilegalización amenaza con poner más piedras en el camino para acabar con el conflicto kurdo y puede desatar una nueva crisis política en el país eurasiático.