El gobierno local rechazó ayer en el pleno la petición del PP de crear una comisión de investigación sobre la licencia concedida al edificio de Fenosa, en la calle Fernando Macías, pero aceptó de buen grado la oferta de colaboración «en defensa de los intereses de los residentes que compraron un piso de buena fe», lanzada desde la bancada del PP por el edil Miguel Lorenzo.
La portavoz socialista, Carmen Marón, aprovechó además la ocasión para endilgar a la Xunta «su parte de responsabilidad» en el contencioso. Y es que la concejala de Hacienda tuvo que dar las explicaciones sobre el caso ante la ausencia, por enfermedad, de Obdulia Taboadela, la titular de Urbanismo. Marón indicó que la Xunta «autorizó» el PGOM de 1998, donde, a su juicio, se legalizan los permisos declarados ilegales en la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición del edificio de la discordia.
Esa opinión no es siquiera compartida por los nacionalistas. Mario López Rico declaraba a la salida del pleno «que hai un edificio ilegal e hai que respetar a legalidade, aínda que se apuren todos os recursos para buscar a inexecución da sentenza».
Antes, el edil nacionalista tuvo que escuchar las acusaciones del popular Miguel Lorenzo, que los acusó de «cómplices de la desastrosa gestión urbanística de la ciudad». «Ustedes -dijo señalando a los concejales del BNG- han perdido la vergüenza política por sentarse en el gobierno local, porque solo hay que ver lo que decían antes y cómo callan ahora, igual que hicieron en el caso del Papagayo».
«Sin responsabilidade»
López Rico rechazó todas las acusaciones y defendió que el Bloque «é único que sempre dixo o mesmo e que votou en contra don plan xeral de 1998, que foi respaldado polo PP».
El concejal de Rehabilitación recordó que «non é necesaria unha comisión de investigación porque as responsabilidades políticas están claras. O culpable é o alcalde de entón, Francisco Vázquez, que favoreceu a unha empresa que se ía ir da cidade, e o seu equipo, que presentou as licenzas pertinentes á comisión de goberno», en referencia, aunque sin nombrarlo explícitamente, al concejal de Urbanismo de aquel momento, el ahora presidente de la Diputación, Salvador Fernández Moreda. «O BNG non ten nin a máis mínima responsabilidade neste asunto», recalcó Mario López Rico.
Sobre la reunión con los vecinos que reclamaba el PP, Carmen Marón solicitó «tranquilidad» a los mismos y dijo que el gobierno local «está trabajando con la mayor celeridad posible» en intentar solucionar el contencioso. La portavoz socialista dio por hecha una resolución favorable de los tribunales a la solicitud para frenar la demolición del inmueble, aunque ese extremo fue reprobado por Miguel Lorenzo. «No provoque a los jueces con esas afirmaciones», le demandó el concejal del Partido Popular.