Las masivas importaciones de leche líquida y derivados a muy bajo precio, que están ahogando las finanzas de las granjas gallegas, han motivado ya una reacción por parte del Gobierno central. El Ejecutivo de Zapatero asegura que, según la regulación comunitaria vigente, son los propios productores lácteos españoles los que tienen que presentar la queja ante la Comisión Europea y aportar pruebas de la existencia de dumpin (exportación de un bien a un precio muy inferior al valor de ese producto en el mercado interno). El departamento que lidera la gallega Elena Espinosa anima y ofrece su apoyo a los productores para llevar a cabo la denuncia, y advierte que, si se iniciara el proceso, se implicaría de manera activa en la defensa del sector lácteo español.
Este posicionamiento del Gobierno figura en una contestación escrita a una pregunta presentada en el Congreso por Olaia Fernández Dávila, diputada del BNG, en la que demandaba al Ejecutivo central la adopción de medidas para extremar los mecanismos del control sobre la importación de lácteos y evitar de esta forma las distorsiones de precios no ajustadas a la legalidad vigente. Según los datos recabados por este periódico, la leche francesa excedentaria entra en España a 0,18 euros el litro, cuando el productor galo la cobra a 0,32. Las industrias españolas puntualizan que esta brecha obedece, en parte, a que la materia prima importada es desnatada -más barata- y que no puede compararse con la leche entera que vende el ganadero francés.
Sin embargo, el sector productor advierte que esa realidad no explica una brecha del precio superior al 50% y que está rompiendo el mercado gallego y colocando a granjas y cooperativas ante una de las peores coyunturas que se recuerda. «A meirande parte dos produtores están xa nunha situación delicadísima e aguantan porque non hai un plan de abandono; se o houbese sairían do sector mañá mesmo», advierte Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias.
Proceso difícil
En su respuesta en el Congreso y en referencia a posibles conductas comerciales de dumpin, el Gobierno resalta que «va a luchar siempre contra prácticas que no se ajusten a la legalidad vigente». Sin embargo, el éxito de una posible queja es difícil por la tramitación burocrática, tal y como explican los productores, y porque países como Francia tienen un enorme peso en la UE.
Según los expertos en economía agraria, las dificultades de competitividad de las granjas gallegas vienen determinadas, en gran medida, por el déficit estructural de cuota que arrastra una comunidad como Galicia, con una gran vocación productora. Mientras, otros países de la UE ostentan unos derechos de producción mucho mayores a los de su consumo interno real, lo que les permite colocar los excedentes de materia prima a muy bajo precio. Esto es lo que tira a la baja los precios en comunidades como la gallega.
El BNG, formación que planteó la pregunta, lamenta que el Gobierno se desentienda del problema de esta forma, máxime cuando en el pasado mes de noviembre el Congreso aprobó una proposición nacionalista -respaldada por el partido del Gobierno- en la que se instaba al Ejecutivo a mejorar los mecanismos de control de los productos lácteos provenientes de otros países de la UE.