El contrato que el teniente alcalde de Ourense, el nacionalista Alexandre Sánchez Vidal, firmó el 4 de febrero del 2008 con una empresa entonces sin constituir, en el que se adjudicaba a la sociedad limitada Afiador Produccións la explotación de varios paneles publicitarios durante cuarenta años y sin concurso, será investigado por la Fiscalía. El ministerio público ha solicitado del Concello de Ourense la remisión de toda la documentación sobre una operación que fue frenada por el alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, aunque las obras para la instalación de los paneles ya habían comenzado. El fiscal, en un escrito que el viernes llegó al Concello de Ourense aunque no trascendió hasta ayer, reclama que se le detalle con qué permisos se iniciaron el pasado mes de octubre las obras en la vía pública, quién las autorizó y con cargo a qué partida presupuestaria se acometieron. De la documentación que hasta ahora se maneja resulta que fue a mediados del pasado junio cuando el edil de Infraestructuras, Andrés García Mata, del BNG, dio el visto al inicio de esas obras en lugares muy céntricos. El requerimiento de la Fiscalía en demanda de información y documentación sobre este caso no hace referencia alguna a las sospechas que pueda albergar el ministerio público acerca del proceder de los responsables políticos del gobierno local de Ourense. En medios judiciales se advierte que solo cuando se cita a declarar a una persona, en relación con algún asunto en particular, se le advierte de los motivos, con el fin de que no se produzca indefensión. Con todo, la decisión del PP de informar al fiscal sobre este asunto, después de que PSOE y BNG se negasen expresamente a crear una comisión municipal de investigación, parece ser el origen de la intervención de la Fiscalía. El Concello de Ourense, al amparo de que el convenio no llegó a ser aprobado en la junta de gobierno local, niega validez al contrato firmado por el teniente alcalde del BNG, dado que al hacerlo no estaba asistido ni por el secretario ni por el oficial mayor del Ayuntamiento. Como consecuencia de ello, niega también el alcalde que existan compromisos con la empresa Afiador Produccións, que se constituyó formalmente tres días después de haber logrado el contrato . Al Concello le queda ahora, como consecuencia de este caso, responder a la reclamación de daños y perjuicios que ha anunciado la empresa que ha visto frustradas sus expectativas de negocio. En un primer escrito, el letrado de Afiador Produccións apuntaba a una cantidad «no inferior a cincuenta millones de euros». El alcalde, en uno de los últimos escritos dirigidos al PP sobre este asunto, subraya que no llegó a abordarse la adjudicación, por lo que no generó a la Administración local más incidencia «que a realización de varios buratos na vía pública» y la apertura de un expediente de disciplina urbanística para reponer la situación, como se ha hecho en las últimas semanas.