El Concello de Sada deberá devolver dos subvenciones por valor de 40.500 euros: una asciende a 28.072 euros y fue concedida tras el desastre del Prestige para arreglar los accesos a la playa de Cirro; mientras que la otra (de 12.500) corresponde a la partida con la que el Concello iba a pagar a la asociación Meigas, pero este dinero está inmovilizado por el interventor, porque la entidad no prestó el servicio de transporte adaptado que estipulaba el convenio, según la Xunta.
El alcalde de Sada, el nacionalista Abel López Soto, se refirió a ambas en el pleno de ayer y dejó claro que en ambos casos hubo negligencias administrativas del equipo del anterior gobierno. Para ello leyó una sentencia de la Audiencia Nacional que desestima los recursos del Concello para quedarse con la ayuda que se había concedido al Ayuntamiento para acondicionar el arenal de Veigue. «A obra rematouse o 15 de xullo do 2004, pero o goberno de Rodríguez Ares non solicitou a prórroga necesaria», detalló el regidor.
Transporte adaptado
Poco después, ya en el turno de ruegos y preguntas, detallaba que también será necesario devolver la mitad de la ayuda concedida al Concello el año pasado para poner en marcha el servicio de transporte adaptado. López Soto contrapuso la situación actual -de los 40.000 euros concedidos se han utilizado los 5.000 que cobra la empresa que prestan en la actualidad el servicio a una decena de personas- con lo sucedido en el ejercicio pasado: «A entidade Aspace cobrou 12.500 por trasladar a un dos seus asociados ó instituto» y la otra parte de la ayuda se destinó a Meigas, gracias a un convenio del que «non se informou ó pleno e do que os servicios sociais municipais non tiñan constancia», recalcó el regidor, que también puso de manifiesto que Rodríguez Ares concedió la ayuda a una agrupación que presidía su entonces edil de Benestar. «Y eso a pesar de que non tiña nin monitores, nin apoyos e moito menos vehículo adaptado».
La Sociedad
En la sesión se aprobó por unanimidad solicitar a Medio Ambiente un trazado alternativo para salvar del derribo el edificio de la Sociedad en su totalidad. El PDSP justificó el cambio de su voto con respecto al 2002, asegurando que entonces se lo exigía «el Estado».