El Concello de Sada asegura que los arrendatarios del la cafetería El Náutico pidieron una licencia para que una gran cadena de hipermercados abriese en As Brañas, como compensación a la extinción de una concesión de poco más de 400 euros al mes y de la que quedan 58 años. La versión del representante de la empresa Galiponte S.L., arrendataria de la cafetería El Náutico, es que fue el propio alcalde de Sada, el nacionalista Abel López Soto, el que les dijo que «buscásemos a alguien que tenga suelo en Sada y que ellos puedan legalizar. El problema es que lo hicimos, pero después se negaron», detalla José María Espiño, uno de los socios de la empresa junto al empresario sadense Juan José Sánchez Arévalo, entre otros.
López Soto niega que formulase esta solución: «A representación empresarial, despois de efectuar na primeira xuntanza unha proposta de compensación económica inasumible e desproporcionada, puxo posteriormente sobre a mesa, como contrapartida á extinción de mutuo acordo do dereito de superficie da cafetería El Náutico, que o Concello outorgase licenza para un gran establecemento comercial na parcela Z-5 da zona das Brañas», detalla.
Operación con un tercero
José María Espiño explica que pidieron 600.000 euros por dejar libre El Náutico, porque tienen una opción de compra de la concesión por esa cantidad, además señala que las negociaciones se rompieron porque el alcalde nos presionó «primero con falsas deudas que no tenemos y después se negó a la operación que le planteamos». Según su versión, Galiponte pidió al Concello una licencia para un constructor de Sada que tiene terrenos en As Brañas. «Él aportaría una comisión para que nosotros hiciésemos de intermediarios y sacar adelante la operación con lo que todos quedaríamos compensados», detalla y deja claro que buscaron esta salida porque «ningún socio de Galiponte, ni sus familias tiene terrenos en Sada».
López Soto asegura que esta solución estaría condicionada a un «compromiso de concesión dunha licenza para unha gran superficie comercial nas Brañas, licenza que, a criterio do goberno municipal, sería improcedente legalmente». Y es que la oferta de Galiponte pasaba por cambiar del 30% al 90% la ocupación de la parcela, algo que obligaría a llevar el asunto a pleno.
La solución que el gobierno local planteó en la primera de las reuniones era condonar la deuda de la firma, ya que, según el interventor, el titular de la superficie de El Náutico debe 130.266,65 euros, de los cuales 115.119,66 corresponden a la actualización del precio de adjudicación y los 15.146,99 euros a las diferencias del canon mensual, al no tener abonado la actualización del IPC. Urbanismo señala que «tanto no informe do interventor como no informe xurídico sinálase a procedenza de incoar expedente de extinción do dereito».