La situación actual se desató el pasado 8 de agosto, tras presentar la consultora Demos Consulting la valoración de los puestos de trabajo encargada por el Ayuntamiento. Ese documento era uno de los flecos pendientes de las negociaciones de los últimos meses, aunque su contenido no se ajustaba a las peticiones de los sindicatos, que criticaban la escasa valoración de determinados pluses y cifraba en 26 euros la nueva subida a policías y bomberos.
Pero el conflicto se remonta a casi un año y medio antes, coincidiendo con el inicio de las negociaciones para revisar las condiciones salariales de la plantilla.
Entonces, tras la primera batería de conversaciones, en primavera, se alcanzó un primer borrador de acuerdo. Sólo lo llegó a firmar UGT, mientras que las otras tres formaciones sindicales consideraron insuficiente la propuesta lanzada por el gobierno local.
Aquel pacto con UGT, la fuerza mayoritaria en cuanto a número de representantes en aquellos momentos, supuso un incremento salarial que el Ayuntamiento decidió ejecutar de forma unilateral antes del verano.
Mientras, CSI-CSIF, CC.OO, y CIG optaron por endurecer sus reivindicaciones y protagonizaron una escalada en sus acciones de protesta que empezó con concentraciones en la plaza de María Pita, pero que incluyó boicots al tráfico en toda la ciudad y protestas en todos los actos realizados por el alcalde en los últimos doce meses.
Las movilizaciones incluyeron una acampada en el Obelisco hasta el día de las elecciones municipales. La tregua decretada por el cambio de responsable de Personal se rompió el 1 de julio, tras la toma de posesión de la nueva corporación.